Diputados y diputadas nacionales de diferentes bancadas presentaron este martes un nuevo proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal Seguro y Gratuito iniciada allá por el 2005.
El proyecto, que había perdido estado parlamentario, llegó a la Cámara baja séptima vez, con la firma de 71 legisladores de la UCR, el FpV, Cambiemos, la Izquierda, el Movimiento Evita, Evolución, Libres del Sur y el Frente Renovador. Se estima que el debate en comisiones comenzará el 20 de marzo.
La iniciativa integral defiende el derecho de toda mujer a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional «en ejercicio del derecho humano a la salud».
Toda mujer que haya solicitado un aborto y dado su consentimiento por escrito tendrá derecho a que se cumpla su petición en un plazo máximo de cinco días, sin que media ninguna autorización judicial previa.
En tanto, en el caso de embarazos adolescentes, la norma entiende que entre los 13 y los 16 años, la mujer «cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento». En menores de 13 años, en cambio, «se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal».
Otro de los puntos del proyecto plantea que tanto el sector público de salud, como las obras sociales y las entidades de medicina prepaga deberán incorporar como prestaciones médicas básicas obligatorias a sus afiliadas la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo y que las autoridades médicas de cada establecimiento de acuerdo al art. 40 de la ley 17.132 serán los encargados de garantizarlo.
Los alcances de este proyecto tienen en cuenta además los casos en los cuales la interrupción del embarazo ya es legal en la Argentina: «Si el embarazo fuera producto de una violación, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente; si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano y si existieren malformaciones fetales graves».
Además, deroga los artículos del Código Penal de la Nación que penalizan a la mujer y al personal sanitario que realice abortos bajo consentimiento.
Entre los fundamentos de la ley, los firmantes dejan en claro que el lema de la campaña es «educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto sexual para no morir» y que este proyecto tiene por objetivo subsanar una carencia del sistema público de salud.
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación de 2015, en Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año, según cifras estimativas, ya que se trata de una práctica clandestina que arroja a las mujeres a la ilegalidad. En 2012, murieron a causa de abortos mal realizados 33 mujeres en el país, constituyéndose en la principal causa de muerte materna.
Proyecto de Ley