El gobierno de Bolivia denunció este domingo la existencia de un plan para derrocarlo mediante un golpe de estado, que incluía el asesinato del ministro de Gobierno, Carlos Romero, a partir del conflicto generado por la protesta de policías de baja graduación que se amotinaron el jueves en demanda de mejoras salariales.
El presidente Evo Morales afirmó que no utilizará a las fuerzas armadas para controlar el motín policial y garantizar el orden en las calles porque ése es el “juego” de la oposición de derecha que busca “que haya muertos”.
“La derecha está buscando muertos y, compañeros, no vamos a prestarnos a ese juego; vamos a defender este proceso, somos parte de este proceso y vamos a defenderlo hasta las últimas consecuencias”, dijo el mandatario tras promulgar un decreto que crea una empresa estatal, informó la agencia noticiosa estatal ABI.
Morales advirtió que “alguna gente está metida ahí con otros afanes” y “usan a algunos hermanos policías para preparar un golpe de estado y para hacer matar al ministro de Gobierno y para enfrentar a las fuerzas armadas”.
En tanto, Romero reveló ante periodistas el contenido de una comunicación entre policías amotinados en las que se intercambian instrucciones para “limpiar” (matar) al funcionario y “preparar bombas molotov para atacar a los plomos” (efectivos de las fuerzas armadas que custodian el Palacio de Gobierno).
“Limpiemos al ministro Romero y generar un golpe de estado, dicen en el diálogo de la frecuencia” interceptada, aseguró el ministro.
Por otra parte, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó, sobre la base de informes de inteligencia y reportes de prensa, que el plan para dar un golpe de estado se denomina “Tipnis” y tenía previsto concretarse entre este lunes y el martes, con la llegada a La Paz de una marcha convocada por la Confederación de Indígenas de Bolivia (Cidob).
La manifestación se opone a la consulta previa en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que desde hace meses es escenario de conflicto entre diversos sectores de comunidades aborígenes que mantienen opiniones enfrentadas acerca de planes de desarrollo para la región.
“Están viendo la posibilidad de que el motín pueda articularse a la marcha del Tipnis que llega entre el lunes o martes”, denunció la funcionaria.
Dávila añadio que “se señala claramente” que “el plan Tipnis se concrete con el arribo de las columnas indígenas a La Paz y junto a la COB (Central Obrera Boliviana) y los maestros urbanos inicien el día martes las presiones y movilizaciones contra el gobierno”.
El conflicto con los policías amotinados pareció zanjarse este domingo a la madrugada, cuando autoridades del gobierno y representantes sindicales firmaron un acuerdo de ocho puntos destinado a satisfacer las demandas.
El documento plantea, en lo esencial, una “agenda de tres puntos”: revisión de la ley del régimen disciplinario y creación de una defensoría del policía, nivelación salarial conforme a la estructura del funcionariado público y jubilación con ciento por ciento del haber mensual.
El instrumento fue suscripto por Romero y los ministros de Economía, Luis Arce, y de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, así como por la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Teresa Zubieta, y representantes de la Asociación de Suboficiales, Clases y Policías (Anssclapol) y de la Federación Nacional Única de Esposas de Policías.
Sin embargo, varios grupos de agentes parapetados en unidades policiales de La Paz y otros departamentos rechazaron el acuerdo, resolvieron no levantar las medidas de fuerza y amenazaron con desconocer la autoridad de los presidentes de la Anssclapol, Edgar Ramos, y de la Federación de Esposas, Guadalupe Cárdenas.
Incluso, imágenes de televisión mostraron a policías que habían tomado la Unidad Táctica de Operaciones (Utop), en La Paz, que reaccionaron con violencia y se trasladaron a la sede del Regimiento 1, donde sacaron a la fuerza a sus colegas que se alistaban a restablecer las tareas tras la firma del acuerdo.
Ante ese panorama, Cárdenas afirmó que fue obligada a firmar el acuerdo y denunció presuntas amenazas en su contra, que fueron desmentidas por el gobierno y por Zubieta.
“El acuerdo se firmó en presencia de varios medios de comunicación, fue un acuerdo que se hizo público; por lo tanto, ¿qué presión puede haber?”, sostuvo la ministra y añadió: “Al contrario, lo que ha ocurrido siempre ha sido el proceso de consulta permanente”.
En tanto, Zubieta dio “fe y testimonio” de que el acuerdo fue el producto de dos noches “largas” de discusión entre las autoridades y los representantes sindicales, y que éstos tuvieron tiempo para consultar las cláusulas con sus bases para luego rubricarlas.
Mientras tanto, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) se declaró en vigilia y advirtió que no permitirá un intento de golpe de estado, anunció su secretario general, Roberto Coraite.
“Ante estas movilizaciones nosotros no bajaremos la guardia; estamos en vigilia porque estamos viendo actuaciones unilaterales de algunos grupos que pertenecen a la Policía nacional, por lo que estamos dispuestos a movilizarnos, porque no permitiremos golpes de estado”, indicó el dirigente.