Se trata de una de las medidas previstas en el Procedimiento Preventivo de Crisis para las empresas y si el Ministerio de Trabajo lo aprueba, 10 mil trabajadores estarán al borde de perder el empleo.
El Panorama de la industria petrolera es negativo. El precio internacional del crudo, por debajo de 30 dólares el barril, pone en riesgo a toda la actividad. Sumado a eso, el gobierno no parece dispuesto a brindar ayuda.
A pesar de que se acordó un precio en el mercado interno para sostener la actividad, las empresas insisten en que la inversión en mano de obra es alta;piden, sin explicitarlo, bajar los salarios de la actividad.
«Nuestro pedido se fundamenta en la imposibilidad de continuar sosteniendo una estructura de costos sobredimensionada para el actual nivel de actividad y elevado en dólares respecto de valores históricos y en términos internacionales», dice el documento que la Cámara de empresas de operaciones petroleras especiales (Ceope) presentó al Ministerio de Trabajo y que también recibió la cartera de Energía y Minería.
En el gobierno, la postura de Aranguren es la más dura de todas: si los números no cierran, el Estado no debe intervenir aunque las consecuencias sean miles de trabajadores en las calles. Otros ministros, con una perspectiva más política prevén serios problemas sociales en caso de perder una innumerable cantidad de empleos.
Con la suspensión, los trabajadores cobrarán el 60% de su salario sin realizar ninguna actividad mientras las empress no pagarán cargas sociales. Es el primer paso para el despido masivo con que amenazan algunas empresas par «reducir costos».
(Fuente: enorsai.com)