Es por la pérdida y confiscación de los ahorros de miles de personas. Afecta a directivos y entidadesque se fusionaron en Bankia.
La justicia española abrió hoy una investigación por la estafa bancaria generalizada de las participaciones preferentes, conocida en España como el “corralito” debido a que conllevó a la pérdida y confiscación de los ahorros de miles de personas.
La decisión fue adoptada por el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional de España, quien admitió a trámite una querella penal presentada por el partido de centroderecha Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra varias entidades financieras que se funcionaron en Bankia y sus directivos.
Se estima que el fraude ronda los 37.000 millones de euros y que habría hasta un millón de afectados
La demanda afecta a los directivos de Caja Madrid, Bancaja, la sucesora Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), según el escrito al que tuvo acceso Télam.
Se trata de Carlos Stilianopoulus, Fernando Cuesta y Carlos Contreras (Caja Madrid); y Aurelio Izquierdo y José Fernando García Checa (Bancaja).
Estos banqueros figuran como responsables de los folletos de emisiones de las participaciones preferentes, unos productos financieros complejos que fueron comercializados entre pequeños ahorristas como si fuesen plazos fijos y que con la crisis se convirtieron en “tóxicos” y ahora son casi imposibles de recuperar en el mercado.
En su escrito publicado hoy, el juez que asume la investigación acusa a los directivos de presuntos delitos de estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.
El magistrado actúa en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado 31 de mayo indicó en un escrito que el lanzamiento y comercialización de las preferentes no constituye un delito y no se puede considerar que había “un plan preconcebido” para esta estafa.
VENCIMIENTOS EN EL AÑO 3000
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que lleva denunciando la situación de los ahorristas desde que estalló el escándalo hace más de un año y medio, estima que el fraude ronda los 37.000 millones de euros y que habría hasta un millón de afectados.
A diferencia del “corralito” decretado en Argentina durante la crisis de 2001, que afectaba la cuenta corriente de los ahorristas, en el caso español se trata de un fraude bancario orquestado con la complicidad de los organismos reguladores y las autoridades políticas, gracias a una legislación laxa.
No obstante, el juez rechazó imputar al ex gobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez y al ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, como solicitaban los querellantes.
En algunos casos, la actuación fraudulenta de los bancos llevó a que jubilados adquieran productos financieros que son obligaciones perpetuas o con fecha de vencimiento en el año 3.000.
La mayoría de los afectados son personas mayores que no comprendían lo que estaban firmando. Algunas personas que adquirieron productos financieros complejos no sabían ni leer ni escribir y firmaron con su huella digital.
En busca de un repuesta para el drama de estas personas, el gobernante Partido Popular (PP) y el opositor Partido Socialisa (PSOE) acordaron en enero crear una comisión de arbitraje para que los ahorristas puedan recuperar parte de su dinero.
El problema añadido es que muchos afectados, presionados por sus entidades, accedieron a cambiar sus preferentes por acciones del banco con pérdidas de hasta el 50%, denunció el presidente de Adicae, Manuel Pardos.
El rescate europeo a la banca española exigía el cambio de acciones y que las personas estafadas asumieran parte del costo de la reestructuración bancaria. Los afectados mantienen abiertas demandas caso por caso, algunas con resultados favorables.
Fuente: Télam