Debuta hoy la empresa Smartmatic al frente de la tarea, cuestionada por el PJ por irregularidades en otros países. Además, por primera vez se transmitirán los telegramas desde las escuelas para su conteo. Crónica de una semana donde el recuento quedó en la mira.
El escrutinio provisorio, el que comienza inmediatamente después de las 18 cuando cierran los centros de votación, ha quedado como nunca antes en el medio de cuestionamientos y denuncias por la posibilidad de que se manipule el software que se utilizará para el conteo. La empresa Smartmatic tendrá a su cargo por primera vez esta tarea y se suma que hoy debutarán algunos cambios en la forma de transmitir la información hacia el centro de cómputos.
Smartmatic se impuso en la licitación convocada por el Correo Argentino para realizar el escrutinio provisorio de las PASO, las generales de octubre y el eventual balotaje. Se le pagará u$s 16.899.920. Por primera vez se abrió la posibilidad de que las empresas compitan por quedarse con la tarea basada en sus capacidades técnicas y la mejor oferta económica. Desde 1997 lo había realizado Indra por contratación directa, pero esta vez su propuesta resultó la más cara y quedó fuera.
El escrutinio definitivo es el que cuenta con validez legal y lo realiza la justicia electoral 48 horas después de finalizado el acto electoral; sus resultados suelen demorarse entre una semana y 10 días. El provisorio es considerado un servicio a la población y las fuerzas políticas y se conoce a partir de las 21 horas del día de la votación.
Luego del cierre de urnas, las autoridades de mesa realizan el primer conteo de los votos. Se elabora un acta de escrutinio con los resultados y se les entrega a los fiscales partidarios un certificado con la misma información. Además, se confecciona un telegrama para ser remitido para su totalización y difusión esa noche.
Por primera vez el telegrama será transmitido desde las escuelas. El Gobierno implementó esta decisión luego de una serie de acordadas de la Cámara Nacional Electoral que así lo recomendaba para, entre otros beneficios, reducir los tiempos y obtener resultados casi totales más temprano. Personal del Correo Argentino escaneará la documentación y la enviará a los centros de cómputos. Utilizarán un software de transmisión que también se adquirió a Smartmatic por licitación separada.
Para las escuelas que carecen de conectividad se dispondrá del antiguo procedimiento donde las autoridades de mesa entregaban el telegrama a personal del correo quienes los trasladaban en camionetas a sucursales con acceso a conexión donde se los transmitirá utilizando el mismo software de Smartmatic.
Los telegramas transmitidos llegarán a los centros de cómputos ubicados en el barrio porteño de Barracas y en Montegrande donde las 1700 personas contratadas especialmente por Smartmatic ingresarán la información de forman manual a los sistemas para su totalización.
Cada telegrama se procesa dos veces por digitalizadores diferentes. En caso de coincidirla información pasa al recuento final. Si hay discrepancias se remite automáticamente a una tercera persona. Si persisten las diferencias (por ejemplo, los datos pueden ser ilegibles o la cantidad de votos consignados superar el padrón de esa mesa) se registra como ‘incidencia’, no se agrega al recuento y se informa a los fiscales políticos presentes en el lugar.
A partir de implementar la transmisión de los telegramas directo desde las escuelas las autoridades prometen que antes de la medianoche se tendrán los resultados casi totales del escrutinio. En 2017, a las 3 de la mañana, se habían contabilizado el 79% de los votos. En 2015 la cifra había sido para el mismo horario de 47%.
La polémica
Los apoderados de la oposición, y en particular los del Partido Justicialista, el sello con el que compite el Frente de Todos, reclamó tener acceso al software tanto de transmisión como de conteo de votos que utilizará Smartmatic el domingo. Sostienen que la CNE recomendó en una acordada de 2017 que el Gobierno lo entregue 30 días antes de los comicios para que quede a resguardo del tribunal y poder ser consultado por las fuerzas.
El Gobierno le bajó el tono al pedido y ofrecía a cambio la posibilidad de que haya fiscales en todas las instancias del recuento y que puedan tomar fotografías de las imágenes que se transmitirán. Fuentes cercanas al proceso apuntan que era imposible cumplir con ese plazo porque hasta esta semana continuaban recibiendo formatos de telegramas desde todo el país. Se trata de unos 500 modelos diferentes según los cargos que deben votarse en cada distrito
Tras semanas de reclamar y de advertir posibles vulnerabilidades de los sistemas que comenzaron a circular por redes sociales, el martes PJ acudió a la jueza con competencia electoral nacional María Servini y pidió, a través de un amparo, apartar a la empresa del recuento por irregularidades registradas en otros países donde realizó la misma tarea y que se le permita acceder al software. Casi en simultáneo, la CNE instaba al Gobierno a entregarlas copias selladas que deben quedar a su resguardo.
Las autoridades nacionales cumplieron. El miércoles citaron a los apoderados en la sede central del Correo Argentino y se selló el sobre que más tarde fue depositado en la CNE. Al mismo tiempo, y pese a haberlo solicitado por vía judicial un día antes, el apoderado del PJ Jorge Landau sostenía en declaraciones radiales que ya carecían de tiempo para auditarlo por la cercanía con las PASO. A media tarde el escándalo había escalado porque la oposición sostenía que se entregó información que no era la prevista y obligó al Gobierno a convocar a una conferencia de prensa. El ministro de Modernización Andrés Ibarra – el Correo Argentino depende de su cartera – se puso al frente del tema y dio explicaciones. Hasta entonces el secretario de Asuntos Políticos Adrián Pérez, que tiene bajo su órbita a la Dirección Nacional Electoral, había ofrecido de vocero. El titular de la DINE, Rodrigo Conte Grand, nunca se expresó en público al respecto.
Hasta ayer el PJ dejaba trascender en redes sociales que no habían podido acceder al programa porque se les solicitaba claves que estaban en poder del Correo Argentino y de Smartmatic. La jueza Servini resolvió no tratar el amparo con los pedidos alegando que carecía de tiempo para analizar en profundidad la cuestión, pero designó veedores propios del personal informático del Consejo de la Magistratura. Por las dudas, el Frente de Todos prepara un centro de cómputos propios en la sede porteña de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) vinculada al sindicalista Víctor Santamaría. Trabajarán en base a las fotografías que tomarán los fiscales en cada mes de los telegramas que se escanearán.
Fuente: Cronista