La obra pública es la principal esperanza para reactivar el sector, ya que en el ámbito privado aún no se mueven grandes inversiones. El Gobierno local negocia una deuda millonaria con las constructoras para oxigenar su situación financiera.
La construcción aún permanece en el freezer en Mendoza. Tanto la obra pública como la privada, están detenidas y esto preocupa a las empresas que tienen los capitales parados y al gremio que nuclea a los trabajadores, porque a los 3.500 puestos de trabajo que se han perdido desde noviembre a la fecha (ya se habían caído 1.800), se pueden sumar 4.000 más en pocas semanas si no se reactiva el sector. No hay grandes inversiones en marcha en el ámbito privado, sólo cuatro o cinco edificios que marchan a paso lento y la obra pública está cuasi paralizada. Este es el panorama que trazan todos los referentes consultados.
En el sector público, el tema de la caída de la actividad ocupó una parte central de la agenda de Gobierno en esta última semana. La preocupación de los empresarios y de la UOCRA, el sindicato que nuclea a los empleados de la construcción, llegó hasta la Casa de Gobierno. El subsecretario de Infraestructura, Daniel Chicahuala, mantuvo contacto con las empresas constructoras que presionan para saber cómo se les pagará la deuda que mantiene el Estado, heredada de la gestión de Paco Pérez y que asciende a unos $800 millones.
La misma preocupación ha planteado José Lemos, secretario general de la UOCRA, que pidió una reunión con el Gobierno para anticiparle que si sigue el clima espeso como hasta ahora, la tensión derivará en conflicto y en medidas de fuerza.
Reuniones con empresarios
El Gobierno les debe $800 millones a las constructoras por certificados impagos que se arrastran desde la administración pasada por obras que están en carpeta .
En ese cálculo, se estima que $300 millones corresponden a deuda del IPV y los otros $500 millones al resto de la obra pública que tiene a medio hacer la Provincia. Esta semana el subsecretario de Infraestructura comenzó un cronograma de encuentros con las compañías que tienen contratos con el Estado para explicarles un plan de avance de las obras.
Pero hasta ahora, lo que aún no se ha definido es cómo van a pagar lo adeudado. «Eso nos preocupa mucho porque la situación financiera de muchas empresas es muy delicada», sostuvo Jorge Sanchís, presidente de la Cámara de la Construcción.
Hay muchas empresas que tienen que afrontar juicios por parte de los empleados que no han cobrado sus sueldos y muchas otras tienen interrumpida la cadena de pagos y de financiamiento bancario. «Los bancos no nos esperan», expresó Sanchís.
La pérdida de puestos de trabajo es elocuente. «Hoy hay menos gente empleada que la que había en el 2014. A nivel nacional pasa lo mismo, se calcula que se han perdido alrededor de 50.000 puestos de trabajo de un total de 420.000 existentes. Gran parte de esta pérdida de empleos se debe a la paralización casi completa de las obras públicas.
El Gobierno ha trabajado en una reprogramación de obras con la idea de ordenar el mapa de proyectos y de acuerdo a los escasos fondos con los que cuenta para reimpulsar el ritmo de la construcción. En ese plan tienen puestas todas las esperanzas las empresas y el gremio.
La totalidad de las obras en carpeta que tiene Mendoza están paralizadas y la gestión de Alfredo Cornejo ha decidido darles prioridad a las que tienen más importancia social, es decir, hospitales, centros de salud, red de cloacas y de agua.
A medida que tenga más recursos irán avanzando con el resto de los trabajos pendientes. Ese plan tranquilizó un poco a los actores del sector, pero todavía queda una incógnita. «Aún no nos dicen cómo van hacer frente a la deuda que mantiene el Estado con las constructoras. Mucho se ha hablado de la emisión de un bono que podría servir en parte para pagar impuestos provinciales y que podrían recibir los bancos. Pero de todo eso no hay nada concreto. Nosotros necesitamos previsibilidad en los pagos», se lamentó Sanchís.
Las casas del IPV
De los $800 millones que el Estado les debe a las empresas constructoras que tienen contratos, $300 corresponden a deuda que tiene el IPV.
El Gobierno ha planteado reprogramar la construcción de los barrios que están en proceso para que las empresas no se queden de brazos cruzados.
Según explicó Sanchís, la propuesta consiste en avanzar las obras al 5% por mes en todos los barrios que están al 60% del avance total de obra. Así estiman que esas tareas estarán terminadas dentro de ocho meses.
«No es lo ideal, pero al menos es una avance. Esos barrios se entregarán muy atrasados respecto al plazo de entrega que inicialmente se habían propuesto que era de 10 meses», explicó el presidente de la Cámara de la Construcción a Diario UNO.
La UOCRA, en estado de alerta
El gremio que nuclea a los empleados de la construcción, la UOCRA, ha pedido al gobierno de Alfredo Cornejo que se reactive la obra pública como alternativa más rápida para que se corte la sangría de puestos de trabajo que caen en forma constante desde noviembre a la fecha.
José Lemos, el secretario general de la UOCRA, planteó la preocupación en una reunión que mantuvo el jueves con el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, y dijo que están en estado de alerta. «Nosotros no queremos subsidios, lo que queremos es trabajar, eso es lo que hemos planteado», dijo taxativo.
«Necesitamos que se reactiven las obras del IPV que están paralizadas, lo mismo ha pasado con la Villa Olímpica, con los dos tramos de la ruta 40 y con la cárcel federal que se estaba levantando en Cacheuta», detalló el dirigente gremial.
«En el sector privado hay muy poca actividad. Lo que está en marcha se hace a ritmo lento. Los empresarios no frenan las obras, pero lo hacen más despacio. Para hacer un edificio de 10 pisos en lugar de ocupar a 30 personas ocupan a siete. Así, no paran la obra, pero tampoco avanzan demasiado», explicó Lemos.
«Lo ideal sería volver a los niveles del 2007 y 2008»
La inversión privada aún no desembarca en el sector de la construcción. Hay muchas expectativas, pero hasta ahora no se mueve prácticamente nada. En este diagnóstico coinciden tanto Jorge Sanchís, de la Cámara de la Construcción; Atilio Calzetta, de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM), y el titular de la UOCRA, José Lemos.
«Cuando el sector privado se mueve a buen ritmo es más movilizador que el sector público. Lo ideal sería volver a los niveles del 2007 y 2008 cuando se construían bodegas, había ampliación de empresas, se hacían inversiones en viviendas y se concretaban muchos fideicomisos para hacer edificios de departamentos y oficinas», refirió Sanchís.
«Ahora hay muy pocos desarrolladores importantes que tienen proyectos en marcha; entre ellos están el Grupo Cioffi y el Grupo Presidente, en el sector privado; y Laugero y la constructora OHA, que tienen proyectos tanto en el sector privado como en el público», amplió el dirigente empresario.
Por su parte, Calzetta expresó: «Hay necesidad de que el mercado construya, hay demanda de vivienda, lo que falta es que los inversores se decidan a invertir y, por otro lado, es fundamental que se restablezca el crédito hipotecario. Con las tasas de interés que actualmente tienen las líneas hipotecarias, es imposible. Lo que único que había hasta ahora era el Procrear».
«Poco a poco los precios de los materiales para la construcción se están estabilizando. Desde noviembre a la fecha se han actualizado el 40%. Algunos, como los materiales eléctricos aumentaron el 70%. Hasta hace unos meses no había precios, se compraba y no se sabía lo que se iba pagar. Ahora al menos se están estabilizando los precios y eso es una señal ventajosa», cerró Calzetta.
Fuente: Diario Uno