El soborno pasivo, más conocido como pedido de coima, es el delito que, en proporción, menos denunciaron los argentinos durante 2016. En ese año, apenas seis de cada 100 personas alertaron a las autoridades sobre el ilícito.
Los datos son oficiales y fueron recogidos durante 2017 por el Instututo Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que junto al ministerio de Justicia de la Nación realizaron la primera Encuesta Nacional de Victimización (ENV). Los resultados fueron difundidos la semana pasada y analizados por LA NACIÓN en una serie de notas que se publicarán a partir de hoy.
De los delitos que encabezan el ranking de los menos denunciados, dos son contra las personas, sin violencia, y uno con violencia. Después del soborno (6,6%) se ubica el acoso sexual, con apenas un 12,5% de denuncias. En tercer lugar quedó la estafa, con el 18,6 por ciento.
Ni la lejanía de una comisaría ni la falta de efectivos en las calles figuran entre los principales motivos para no hacer una denuncia. La razón central por la que uno de cada tres delitos no es reportado es la desconfianza en las fuerzas de seguridad y en el sistema judicial.
Los otros dos motivos que forman parte del podio son que las víctimas resuelven el inconveniente por su cuenta o consideraron «poco importante» el delito.
Las señales de alerta crecen cuando se le pregunta a los pocos que denunciaron si quedaron satisfechos. Más de la mitad confiesa estar insatisfecho o poco satisfecho por el accionar policial y judicial.
El grupo de los de mayor satisfacción en la respuesta a las denuncias está encabezado por Entre Ríos (64,3%), Mendoza (56,9%), Neuquén (55,6%), San Luis (55,3%) y la provincia de Buenos Aires (54%).
En el extremo opuesto se encuentran Jujuy (16,2%), La Rioja (20,7%), San Juan(25,2%), Misiones (26,9%) y Catamarca (30,6%).La mirada de los ministros
El diario LA NACIÓN, consultó a varios de los responsables de Seguridad de diferentes provincias sobre las estadísticas. Solo dos dieron respuesta.
Martín Ocampo , a cargo de la cartera de seguridad porteña, dijo: «En el pasado, en la Ciudad de Buenos Aires, las denuncias debían realizarse frente a un agente policial, en la comisaría que cubría la jurisdicción donde se había cometido el delito. En consecuencia, se registraban casos en los que se desalentaba la realización de la denuncia para no dejar en evidencia a la Comisaría responsable de la zona en la que había sucedido el ilícito. Desde la creación de la Policía de la Ciudad esto cambió, ya que la Ciudad de Buenos Aires implementó el Sistema Único de Denuncias, por el que el trámite de las mismas se puede hacer en cualquier dependencia policial, independientemente de dónde se haya producido el hecho. Además, se pueden realizar en la propia fiscalía, por teléfono o vía web».
Según el funcionario porteño, «este nuevo sistema es mucho más ágil, dinámico y fácil para los vecinos, ya que la denuncia la recibe un funcionario judicial, y de esta manera los policías pueden estar en las calles y cuidar a la gente. Este sistema implementado en la Ciudad busca que el vecino haga la denuncia, para poder investigar y detener a los delincuentes. Además, las denuncias ayudan a diagramar el mapa del delito y así poder diseñar políticas de seguridad más efectivas».
Su par santafecino, Maximiliano Pullaro, al ser consultado de por qué cree que la gente no denuncia los delitos, aseguró: «Las razones son múltiples y es difícil de determinar. Es una problemática que debe resolverse cuanto antes porque la denuncia de los vecinos resulta esencial para combatir la inseguridad, ya que permite elaborar el mapa del delito e implementar políticas de prevención. En el caso de Santa Fe, detectamos este problema hace ya unos años y por tal motivo creamos los Centros Territoriales de Denuncias (CTD). Muchos vecinos estaban recurriendo al 911, que no es el ámbito adecuado por tratarse de un sistema emergencias».
Sobre cómo se podría revertir esta situación, contó la experiencia en su provincia: «El primer Centro Territorial de Denuncias se habilitó en 2014 y hoy ya suman 20 en todo el territorio provincial. Son espacios atendidos por jóvenes abogados que, además de tomar la denuncia, asesoran a las víctimas y envían la documentación directamente a las fiscalías. Luego, el denunciante puede realizar un seguimiento en el Ministerio Público de la Acusación. Hoy se están convirtiendo en la primera opción de los vecinos a la hora de denunciar o realizar algunos trámites. En 2017 se registró un aumento de 161% con respecto al año anterior. Asimismo, el año pasado se sumaron 10 CTD a los que ya se encontraban en funcionamiento».
Fuente: LA NACIÓN