Por Rayén Castro
El kirchnerismo, qué duda cabe, ha sabido forjar un imaginario. Complejo, pero no por ello menos uniforme. Hecho de retazos que denotan ADN peronista (en menor medida del más clásico; más evidente en su variante setentista de izquierda) como así también de otros algo velados, como la probable analogía con cierto alfonsinismo -como bien apunta el politólogo José Natanson, quien establece paralelismos entre La Cámpora y La Coordinadora de los ochenta- en lo que refiere a reivindicaciones en materia de derechos civiles y políticos o en el enaltecimiento de la democracia como “valor”. Cabría agregar entre tanto más el aggiornamiento necesario al posneoliberalismo regional y, obviamente, la necesaria cuota de originalidad que aporta el propio gobierno y que marca la impronta de sus intervenciones en la arena pública. En definitiva, eso que propios y ajenos llaman “relato”.
Frente a ese imaginario “nacional popular” podrán algunos aducir inconsistencias en lo que hace a su imbricación en un modelo económico básicamente desarrollista. Sabido es: la presencia del capital transnacional (aun cuando sea para desarrollo de la industria local) y un alto grado de concentración en la producción no se llevan nada bien con las tres banderas históricas peronistas. Pero sería estéril -aunque no menos válido- demandar al kirchnerismo cosas que él nunca reclamó para sí. Así lo atestigua, por poner un ejemplo reciente, el reclamo de la Presidenta en el G-20 durante el año que pasó por un “capitalismo en serio” opuesto al imperante, al que calificó como “un anarco capitalismo financiero”. Intervenciones de ese tipo se dan de bruces con las consignas de difuso antiimperialismo y anticapitalismo típicas del nacionalismo popular.
Aquel imaginario, lejos de estar en mármol dado que con el tiempo fue consolidándose la idea de ser cimentado sobre la realidad, sobre el axioma de que kirchnerismo “es lo que él hace”, resulta sin embargo capital para poder asir a la actual gestión de gobierno. Brindarle un corsé ideológico. Y desde ese sitio, encontrar un lugar legítimo para canalizarle demandas. Como a los grandes movimientos políticos del siglo pasado, aquél que los comande debe entender que si no debe fidelidad a sí mismo habrá de rendir cuentas y sentir sangrías nada gustosas en quienes conforman su andamiaje de alianzas y apoyos.
Lo antedicho viene a cuento frente a la presente coyuntura, donde la tragedia ferroviaria de Once con un saldo de 51 muertes y más de 600 heridos puso de manifiesto un intenso malestar hacia el interior del colectivo kirchnerista que, hasta allí relativamente soterrado, dio cuenta de diversos reclamos que sectores afines al gobierno venían haciendo sobre la gestión en un área por demás sensible -por su importancia para el día a día de la clase trabajadora, por su relevancia en una estrategia de desarrollo nacional- como lo es la Secretaría de Transporte. Los procesos judiciales al ex secretario del área Ricardo Jaime, la desidia de los muy subsidiados concesionarios privados por brindar un servicio digno y la inoperancia y/o complicidad del Estado nacional y sus organismos de control, como la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), forman parte del predominante pasivo del gobierno en su política para el sector. Se dirá al respecto que se trata de una de las múltiples cabezas de “la pesada herencia de los 90” y su correlativo desguace del Estado, pero resulta difícil reconocer eficacia al argumento cuando han transcurrido ya dos períodos de gobierno desde la asunción de Néstor Kirchner en el 2003.
Pero no es sólo este emergente trágico el que abre puertas para confrontar al kirchnerismo consigo mismo. Ley de medios, sindicatos, no represión de la protesta social y Derechos Humanos, todas cuestiones fundamentales en la construcción del relato kirchnerista, son pasibles de ser abordadas a contrapelo en este tercer período.
La contienda desatada desde 2008 entre el oficialismo y el Grupo Clarín puso en la agenda del gobierno la necesidad de una nueva ley de medios que suplante a la de la dictadura. La ley, sin dudas, lo era: la inmensa concentración del mercado audiovisual en la Argentina aún hoy, dos años después de su aprobación, es por demás evidente. Y ello porque aquel conglomerado oligopólico ha puesto numerosas trabas -con la inefable colaboración de jueces amigos- para su plena vigencia. La fundamental es la medida cautelar que obstruye la desinversión para aquellas empresas que sobrepasen el límite de licencias. Sin embargo, mucho se ha especulado en torno al verdadero alcance de la voluntad democratizadora de la norma. Y ello se debe a que no ha existido de parte del gobierno esa misma voluntad al momento de exigir la aplicación de la legislación sobre multimedios con los que mantiene, así sea sólo estratégica, una relación más afable (ejemplo claro de ello son los grupos Vila-Manzano y Moneta-Garfunkel). Deberá agregarse a ello la situación de los algunos medios públicos cuyo discurso, por momentos monolítico, complica la eficacia de la declamada pluralidad de la ley. Como señala Guillermo Mastrini, docente de la UBA e investigador en Los Inrockuptibles de febrero: “La ley plantea una estructura directiva democrática y una función social para los medios que no corresponde con segmentos de la oferta de los medios públicos nacionales; estos no pueden actuar como comisarios políticos del gobierno”.
La cuestión sindical, con las desavenencias con Hugo Moyano a la cabeza, amerita un análisis que excede al que aquí pueda hacerse. Como directriz de un debate mayor no podrá obviarse la que ha sido hasta el momento, no exenta de matices, la política del Poder Ejecutivo en las negociaciones paritarias: entre las patronales y los trabajadores organizados, terciar en favor de los segundos. Sin embargo, no es menos cierto que alocuciones recientes de la Presidenta parecieran orientarse en otro sentido o al menos marcar un viraje en esta posición. La alusión a las “extorsiones” en referencia a ciertos reclamos gremiales y los lamentables epítetos dedicados a los docentes durante la apertura de las sesiones ordinarias -dignos de un arquetípico conductor de taxis-, flaco favor en medio de un conflicto salarial, podrían costarle además la antipatía de sectores afines como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Hugo Yasky y Roberto Baradel.
En torno a la política gubernamental de no represión de la protesta social, algo prácticamente inscrito en los genes del kirchnerismo, cabe decir que fue fundamental para reducir el grado de conflictividad social emergente de la crisis producto de la debacle del neoliberalismo. Pero, está claro, la Argentina actual no es la de 2003, lo que ha habilitado un debate alrededor de su alcance. Y eso de alguna manera se refleja en la laxitud que viene expresando el gobierno nacional frente a episodios de represión en diversas ciudades del interior, siendo los más resonantes los de Tinogasta (probablemente por su difusión más que por su magnitud), en la provincia de Catamarca. Si bien es cierto que la competencia sobre las policías es propia de las autoridades provinciales, algunos funcionarios federales -más afectos al pragmatismo la mayor parte de las veces- se disfrazan de rigurosos constitucionalistas cuando de repudiar estos hechos se trata. Consolidar esta indiferencia significaría sin duda un grave retroceso respecto a los grandes y trabajosos avances en la materia, como lo fue el establecimiento de protocolos para la intervención de las fuerzas de seguridad sin armas de fuego y disminuyendo la confrontación con los manifestantes.
Finalmente, corresponde una breve digresión sobre uno de los indudables baluartes del kirchnerismo como lo es la política de Derechos Humanos. Sin lugar a dudas los avances en esta materia resultan históricos y así lo constata el reconocimiento internacional a nuestro país en la materia. Los juicios a los genocidas y el proceso cultural de “Verdad y Justicia” dan cuenta de ello. Aún así, en otros aspectos el desarrollo de políticas respetuosas del Estado de Derecho ha sido por demás magro. Un ejemplo esclarecedor lo marca la situación de los establecimientos penitenciarios: condiciones infrahumanas de subsistencia, grados altísimos de mortalidad y un porcentaje de presos sin condena que pone a nuestro país entre los niveles más altos de Latinoamérica, siendo la situación especialmente grave en Pcia. de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. Investigaciones exhaustivas en la materia son llevadas a cabo año a año por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuyo presidente Horacio Verbitsky -insospechado de pertenecer a cualquier “corpo“.
Existe como lugar común sobre el kirchnerismo la idea de que su vida interna se reduce a un verticalismo acrítico, donde la obsecuencia y el tono celebratorio son las señales de fidelidad. Sin embargo probablemente no exista otro espacio político con debates internos del tenor que tiene el oficialismo. Interpelar su propio relato, discutir los alcances de políticas y no reducir las falencias a expresiones tan indeterminadas como “lo pendiente” o “lo que falta”, seguramente estimularán la dinámica necesaria -y tal vez suficiente- que requiere un presente de bases sólidas, pero de porvenir enigmático.