Además, confirmó que Daniel Álvarez continuará como representante legal del municipio.
Durante la jornada del martes se conoció la decisión del juez Fernando Ugarte de elevar a la Cámara de Apelaciones de la provincia el pedido presentado por el municipio de Tunuyán apelando el fallo por el sobreseimiento de Giner. Según explicó el magistrado, a partir de ahora, será la Cámara quien decidirá si existen las pruebas para seguir la investigación por la participación del ex intendente en una presunta estafa al municipio tunuyanino durante su gestión de gobierno.
Además, y según la cédula judicial fechada el 3 de marzo, Ugarte decidió “rechazar el recurso de reposición presentado por el doctor Pablo Ortiz”. Ortiz, abogado de Giner (y actual precandidato a concejal) había realizado una presentación judicial pidiendo que el abogado Daniel Álvarez dejara de ser el representante legal del municipio. Según entendió el juez Ugarte, Álvarez cumpliría con todos los requerimientos legales, por lo que continuará representando al municipio de Tunuyán en la causa contra la administración del ex intendente.
Crónica de los hechos
El escandaloso hecho salió a la luz en octubre de 2013, cuando se conoció la historia de un agricultor sancarlino, quien meses atrás había denunciado que varios funcionarios de la administración municipal a cargo de Eduardo Giner, habían utilizado su identidad para facturar y cobrar cheques a su nombre.
Francisco Romero, un agricultor de 72 años, jubilado, recibió a mediados del 2013 una notificación para cobrar un cheque en el municipio de Tunuyán, por un trabajo de máquina vial. Inmediatamente, el hombre se presentó y declaró ante escribano público que nunca tuvo máquinas viales, ni ningún tipo de relación laboral o contratación con el municipio. A su vez, se presentó en Afip para dar de baja una inscripción que, según declaró, nunca gestionó.
A partir de las declaraciones y denuncias de Romero, desde la Comuna municipal se realizó una auditoría para rastrear los expedientes donde figuraba la contratación a nombre del agricultor. Así se detectó que en el 2009, desde el área de Servicios Públicos, a cargo de Jorge A. Galdeano, se abrieron nueve expedientes en los que se contrataban trabajos varios de retroexcavadoras, desmalezadoras, cargadoras y servicios de tractor por $49.820. En el 2010 fueron nuevamente nueve expedientes por servicios de retroexcavadoras, cuadrillas, cargadoras, compactadoras, tractor y tractor con rodillo, por $89.360. Mientras, en el 2011 fueron siete (dos desde la delegación de Colonia Las Rosas, uno desde la de Vista Flores y otro desde el distrito Los Sauces) por $56.085. En total, la suma abonada durante los tres años ascendería a $195.265.
La metodología de acción que presuntamente se llevaba adelante, implicaría haber utilizado los datos de Francisco Romero para realizar contrataciones de obras que no se realizaban, emisión de facturas y cobro de cheques con endosos falsos, e incluso con endosos de algún funcionario municipal o familiares de los mismos.
El escándalo desatado en Tunuyán no solamente tocó al ex intendente Giner sino también a varios ex funcionarios que figuraban en la documentación presentada.
En noviembre de 2014 la causa, enmarcada en Falsificación de Instrumento Privado, Uso de Instrumento Privado y Peculado, se resolvió de la siguiente manera: “Por Falsificación de Instrumento Privado, Uso de Instrumento Privado los señores Figuls y Campos son los únicos procesados, Giner y los demás quedaron absueltos. Por el delito de Peculado: de Giner hacia abajo todos fueron absueltos”, había informado en su momento el juez Ugarte.
Inmediatamente de conocido el fallo, el municipio de Tunuyán cambió de representante legal en la causa (hasta el momento la había llevado el doctor Jardón), y con la representación de Daniel Álvarez inició el proceso de apelación. Esta semana, se elevó el pedido a la Cámara de Apelaciones, y además se confirmó que Álvarez continúa representando al municipio en este proceso legal.