> Calendario del Archivo de Noticias <

El homicidio en Tunuyán de un hombre oriundo de La Consulta terminó sin culpables

WhatsApp
Facebook
Twitter
Imprimir

Los testigos se desdijeron pero esto no fue tomado por los jueces. La abogada querellante Lorena Martín había pedido que a Villarreal lo condenaran a 50 años.

Sergio Villarreal estaba imputado por el crimen de Valerio Damián Guerra, ocurrido en agosto de 2014. Tras dos semanas de debate, ayer quedó libre por el beneficio de la duda.

La Séptima Cámara del Crimen consideró que no había elementos suficientes para condenar a Sergio Villarreal Forconi (24), quien había llegado a debate con dos acusaciones muy severas: homicidio y robo (en grado de tentativa) doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de 18 años.

Lo mismo consideró el fiscal de Cámara, Fernando Giunta, después de escuchar a alrededor de cuarenta testigos que poco y nada aportaron al debate.

En cambio, la abogada querellante Lorena Martín (representante de la víctima fatal, Valerio Damián Guerra)  había pedido que a Villarreal lo condenaran a 50 años de cárcel por el crimen y el robo.

El hecho ocurrió el 28 de agosto de 2014. La víctima era de La Consulta, residía sobre calle Ciro Guiñazú,  y fue hallada en el interior de un auto con un balazo en la cabeza. En pocas horas de ese día, la policía detuvo a un hombre de 23 años.

Villarreal llegó acusado de la muerte de Guerra; el sospechoso iba a robarle dinero mientras la víctima fatal se reunía con una menor en Francisco Delgado, de Tunuyán, con quien aparentemente tenía una relación amorosa. Pero el robo no se concretó aunque sí la muerte.

De las declaraciones durante el debate, se desprendieron importantes confesiones.

La menor involucrada (hoy tiene 15 años) negó tener vinculación alguna con Guerra ni Villarreal. En tanto, este último cuando le llegó el turno de declarar dijo que “era inocente y que estaba en Las Heras” cuando ocurrió el crimen. La defensa presentó tres testigos que corroboraron esos dichos.

Una falencia que se evidenció durante el debate es que las primeras declaraciones no fueron tomadas por autoridades judiciales sino por policías de Tunuyán. Esto es porque en el Valle de Uco aún funciona el Código Penal antiguo.

Entonces, cuando esos mismos testigos se sentaron frente al Tribunal se desdijeron. Pero como las declaraciones hechas ante la policía no tienen validez frente a una Cámara de jueces entonces no se pudieron contraponer las declaraciones de los testigos. “Todos cambiaron sus versiones”, dijeron.

 

Fuente: diario Los Andes