La reunión entre Félix Gonzalez y Jorge Difonso dejó avances concretos para los vecinos de San Carlos. El gobierno provincial, después de explicar que lo que se publica en el Boletín Oficial no es un permiso otorgado en estos días, sino uno de los pasos de un proceso de titularidad que comenzó en el 2000, puso a disposición de toda la comunidad el expediente completo, un mapa minero donde se encuentran todos los permisos y solicitudes de las empresas y los mecanismos legales para oponerse a las pretensiones de las empresas. El ministro de Gobierno destacó que la reunión fue con el intendente pero que en realidad la respuesta es para los vecinos que llevan adelante los reclamos.
La respuesta gubernamental llegó el miércoles, después que alrededor de 400 vecinos autoconvocados se manifestaron en la ruta 40 pidiendo que se retirara el derecho concedido a la empresa Teck Cominco en los alrededores de la Laguna del Diamante. Ése fue el único punto del petitorio elaborado por los vecinos y presentado por el intendente Difonso en la audiencia -de casi una hora- que mantuvo el ministro de Gobierno, Félix González, el secretario de Medio Ambiente, Pablo Gudiño y la directora de Minería, Adriana Blesa.
Los funcionarios provinciales entregaron a Difonso una copia certificada del expediente, a fin de que la comuna o cualquier entidad que lo desee cuente con la información pública y fidedigna para presentar su oposición formal.
El ministro Félix Gonzalez consideró muy positiva la reunión y recalcó que, el gobierno se reunió con Difonso pero sabiendo que son los vecinos quienes impulsan el rechazo a las explotaciones mineras en el departamento. “Ha sido una reunión sumamente positiva, la gente de San Carlos y el intendente se llevan, no solamente la copia del expediente sino la información sobre todos los mecanismo para realizar oposiciones sobre el mismo expediente”, expresó Gonzalez y explicó que “Hemos dejado las puertas abiertas para que no solo el municipio presente oposición sino para que cualquier miembro de la comunidad sancarlina lo puede hacer, y se han dado todas las garantías de tratamiento de esas oposiciones. Sabiendo que en esta primera etapa lo que se está determinando es la titularidad sobre esa zona para la explotación. Pero no entra en juego ninguno de los pasos siguientes para explotar un yacimiento de estas características. Hay un procedimiento que lo termina definiendo el Concejo Provincial de Minería que tiene que ser acorde al Código Minero (una ley nacional), pero de ninguna manera esto habilita a hacer algún tipo de trabajo sobre esa zona. Cualquier empresa tiene que cumplir requisitos que no se pueden poner en práctica hasta que no se resuelvan todas las oposiciones que se presenten. La comunidad tiene 20 días para presentar las oposiciones y la municipalidad tiene toda la documentación y los pasos que se deben seguir. La idea de esta reunión es que sirva para encauzar esta problemática y ponerla en un plano de debate objetivo sobre una cuestión legal que hay que terminar de resolver, garantizar que todos los ciudadanos de la provincia accedan a la información, tengan el derecho de expresarse y oponerse y esto sea transmitido por las vías que corresponda para no generar una conflictividad social innecesaria. La solicitud de la empresa minera es una petición que se hizo en el año 2000, momento en que no estaba autorizada la ampliación de la reserva Laguna del Diamante; en este momento, seguramente cuando el titular de la explotación quiera explotar lo primero que va a surgir es que la zona está ambientalmente protegida, un impedimento significativo. Lo que pensamos es que cualquier explotación en esa zona está a años luz de llevarse adelante”.
«Fue muy clarificante la reunión. Nos explicaron que los estudios para pedir este cateo se iniciaron en 2000, antes de que fuera sancionada la ley de ampliación de la reserva Laguna del Diamante (2005). Con la actual legislación provincial, cualquier actividad minera en la zona es un delito», explicó Difonso.
El jefe comunal anunció que antes de que venzan los plazos oficiales -durante diciembre- presentarán las acciones legales para oponerse al edicto.
Gudiño volvió a descartar que se haya otorgado un permiso para explorar o explotar esa mina de oro y cobre. «Sólo se trata de un derecho provisorio frente a un potencial yacimiento. Ahora se abre una etapa en la que los que se oponen pueden presentar sus acciones de amparo ante el Consejo de Minería», aclaró.
Este organismo funciona como cuerpo colegiado (con participación legislativa, ejecutiva y de distintos sectores) que aprueba los permisos y la Dirección de Minería los controla. Será el Consejo quien decidirá si da lugar a las oposiciones y retira el derecho concedido a Teck Cominco o se mantiene firme en su postura inicial.