De esta manera, la minería podría avanzar en las zonas de glaciares de escombros.
En forma paralela a la elaboración de un proyecto para un nuevo Acuerdo Federal Minero, el Poder Ejecutivo prepara una reforma del decreto reglamentario de la ley de glaciares, muy resistido por las asociaciones ambientalistas. Bajo análisis está la posibilidad de flexibilizar el criterio usado para delimitar las zonas vedadas para actividades como la minería.
Un documento, revelado por Infobae en diciembre pasado, da cuenta de una puja interna en el seno del Gobierno, entre la Secretaría de Minería, a cargo de Daniel Meilán, y el Ministerio de Ambiente, dirigido por Sergio Bergman.
La discusión gira en torno de la definición del ambiente periglaciar, como se denomina a las zonas que rodean los glaciares.
La Secretaría de Minería pretende que en esas áreas sólo sean consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos -y, por lo tanto, objeto de protección- los glaciares de escombros que tengan una contribución hídrica «estadísticamente significativa». Propone, además, que para determinarlo no se recurra a una «evaluación ambiental estratégica», como quiere el Ministerio de Ambiente, sino a un «estudio de significancia hídrica», requisito que no menciona la ley.
«La ley establece que el ambiente periglaciar es el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico, pero este decreto pretende modificar esto dejando afuera los glaciares de escombros, decisión no prevista por la ley, y permitir así el avance de las mineras en estas zonas», levantaron su voz la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, por medio de un comunicado en el que denunciaron un «nuevo ataque a la ley de glaciares».
Para el coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, Gonzalo Strano, “la presentación pública de este documento evidencia una vez más que los intereses mineros están por encima de la protección de nuestros glaciares. Y lo que es peor aún, demuestra la complicidad del gobierno con estas corporaciones mineras que destruyen nuestros recursos naturales a cambio de los intereses de unos pocos”.
Fuente: La Nación; La izquierda diario