Hay polémica en Bolivia por el proyecto de legalización del aborto que el gobierno promueve en el marco de una reforma del Código Penal, y que despenaliza esa práctica en «las primeras ocho semanas de gravidez, por única vez», cuando la mujer «se encuentre en situación de calle o pobreza extrema; no cuente con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia; sea madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes para su manutención o sea estudiante».
El proyecto despenaliza además el aborto en «cualquier etapa de la gestación» en los casos en que haya riesgo para la vida o para «la salud integral» de la embarazada, «malformaciones fetales incompatibles con la vida», si el embarazo fuese fruto de una violación o en caso de ser la madre adolescente.
Como era de esperar, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) reaccionó. «Como Iglesia y como sociedad digna no podemos aceptar estos supuestos; el Estado está obligado a crear políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las personas y políticas educativas de apoyo a la mujer embarazada y de prevención de la violencia para que la vida en nuestra sociedad sea posible para todos», señalaron los obispos en un comunicado, en el cual además de ratificar su defensa del «derecho a la vida», como «un derecho fundamental», recordaron las palabras del papa Francisco, en su visita a Bolivia, cuando exhortó «a proteger y cuidar a los más vulnerables» y «a trabajar por la vida y la dignidad de todos, especialmente de los más pobres».
Los obispos denunciaron que el proyecto «introduce una colonización ideológica extranjera que descarta a niños y niñas por nacer vulnerables y acepta la triste violencia del aborto como un supuesto camino para solucionar problemas sociales y económicos».
La CEB también denunció que «la propuesta distorsiona el sistema penal introduciendo la pobreza como razón de impunidad».
Más allá de los argumentos religiosos, lo que impacta es la ruptura con la tradición de una izquierda boliviana, indigenista y nacionalista, y una rendición a los criterios economicistas para diseñar políticas sociales.
Fuente: Medios