El gobierno ya organiza una convocatoria a gobernadores para que apoyen el próximo round en la lucha por subir las tarifas, es decir la audiencia pública que el viernes ya convocó. Ese llamado tendrá un doble juego desde las oficinas de Rogelio Frigerio y al mismo tiempo desde la Jefatura de Gabinete. Mauricio Macri, más allá de todas las anécdotas sobre cómo proceso las malas noticias desde la Corte Suprema, ya está decidido a avanzar y todo indica que en el mismo camino. Busca entonces reforzar al gobierno frente a la suba antes de la Audiencia Pública. En materia de fondos los gobernadores peronistas tienen diálogo aceitado con esta administración que los trata mucho mejor que la anterior en ese sentido. Esta semana los caciques recibirán giros por otros $ 24.000 millones y siguen cumpliendo así con las promesas tras el acuerdo por el reintegro de la coparticipación retenida y liberada también por un fallo de la Corte.
Macri negociará con los gobernadores, pero no utilizará por ahora, confirman en la Casa Rosada, algunos argumentos que el propio pronunciamiento de la Corte del jueves puso en sus manos. Argentina tiene consagrados fastuosos subsidios a distintos sectores, todos consagrados durante la era K y que el macrismo prometió desarmar en la campaña.
Entre ellos esta uno que se lleva una buena parte de la torta distribucionista que agobia al fisco y alimenta el delirante déficit fiscal del país: la garantía del precio sostén del barril de crudo que beneficia a las provincias petroleras. En Argentina el barril de crudo se cotiza entre US$ 55 y US$ 67 mientras que en el mundo ronda los US$ 44. La diferencia se la pone el Estado nacional a las provincias y ya hay una guerra paralela a la de tarifas tras el anuncio de Aranguren de comenzar a reducirlos en 3 tramos. Santa Cruz será una de las más perjudicadas por la eliminación de ese subsidio. Por ahora no habrá más cambios que esos.
Otro punto estará sobre la mesa. La Corte Suprema le indicó al gobierno que no puede avanzar en modificaciones al precio del gas en boca de pozo dentro de un mercado regulado, como el que inauguró Eduardo Duhalde en el 2002. Pero dejó en claro que no necesitaría audiencia alguna si se tratara de un esquema de precio que se fijen en el mercado por oferta y demanda. Ese es el horizonte que debería tener el PRO por delante si cumpliera con su promesa de normalizar la economía del país. La amenaza está, pero no para usarla ahora, afirman en el macrismo.
Macri tiene otra batalla que pelear para garantizarse el consenso en este tema y no es con enemigos sino con los radicales, sus socios en Cambiemos. En la UCR juran por estos días que siempre recomendaron avanzar con la suba tarifaria pero con una audiencia pública previa. «Esto no termina aquí, recién comienza», sentencian.
¿Cuáles son los miedos radicales, entonces? En ese partido, que aporta asesoramiento energético profuso al grupo pero que raramente fue escuchado, aunque ahora se convoque a los ex secretarios de Energía, creen que la discusión que abrió la Corte va a obligar a que entre toda la agenda energética en debate. apoyan la convocatoria a gobernadores porque creen que no hay que llegar a la audiencia pública (menos en estas condiciones más complicadas que si se hubiera discutido previo a la suba inicial) con los brazos cruzados. Anoche un jefe de ese partido le confiaba a este diario: «No hubo una solución política en el gobierno. Perdimos, pasó mucho tiempo, no ingresó plata y esto produjo un desgaste innecesario. Esto llevó a que la decisión política la haya tomado la Corte». Ese fondo es el que encontrará el PRO en su socio y también Marcos Peña el miércoles cuando llegue al Congreso.
La situación de Juan José Aranguren dentro del gobierno es otro capítulo. En el gabinete se abrió una suerte de temporada de caza que lo tiene como víctima. El juego no es tan sutil, aunque intenta no caer en lo grosero: cada funcionario que crítica de una u otra forma la participación del Ministerio de Energía en la forma en que se decidió el aumento tarifario termina acordando que Aranguren esta firme en su puesto. Lo hizo Germán Garavano la semana pasada cuando afirmó, tras el fallo de la Corte Suprema, que la suba de tarifas fue un proceso técnico que partió del Ministerio de Energía y no de una decisión del presidente. Ese golpe directo a Aranguren que no fue exclusivo del Ministro de Justicia, tiene un doble juego de protección: a Macri, obviamente, pero especialmente a Pablo Clusellas, Secretario Legal y Técnico de la presidente, un funcionario que debió haber tenido un rol clave en toda la decisión.
La protección a Clusellas es clave. El Legal Y Técnico es un funcionario esencial a la hora de cuidarle las espaldas al presidente de la Nación. Cristina de Kirchner colocó allí a Carlos Zannini, Macri eligió a Clusellas, que fue su Secretario Legal y Técnico por 8 años en la Jefatura de Gobierno porteño. Esa experiencia capitalina es la que, quizás, lleve a Clusellas a no escuchar demasiado, de acuerdos a los relatos en el PRO, algunas sugerencias que le acercan desde el propio oficialismo. Como sea la víctima de este proceso vuelve a ser Aranguren.
Fuente: Ámbito