Se trata de $1 millón. El hecho ocurrió en 2006 en una dependencia de Tunuyán. Los uniformados no le quitaron el cinturón al joven en la requisa y se ahorcó con ese elemento.
Más de un millón de pesos deberán pagar el Gobierno provincial y cuatro efectivos policiales que fueron demandados civilmente por un joven que se quitó la vida ahorcándose en un destacamento policial a mediados de 2006.
La trágica historia ocurrió en la mañana del 18 de agosto de ese año, cuando Sebastián Eber García (23) se encontraba realizando tareas de seguridad para la Municipalidad de Tunuyán. Cerca de las 10 finalizó su trabajo en la localidad de Vistaflores cuando se produjo un disturbio con agresiones verbales. García fue detenido por personal de Gendarmería, ya que presentaba un aparente estado de alcoholización.
El joven fue trasladado por un móvil policial al destacamento del Manzano Histórico, donde se mostraba nervioso, según declararon los policías. Luego lo llevaron hasta un centro de salud aledaño para que le extrajeran sangre para un dosaje de alcohol y fue imputado por presunta infracción al artículo 61 del Código de Faltas provincial, el cual determina arresto de 15 días y multa monetaria para las personas que estén en estado de «manifiesta embriaguez» en un lugar público.
García volvió a ser ingresado a la celda de la dependencia policial y minutos después, a las 11.30, fue encontrado sin vida luego de ahorcarse con su propio cinturón, elemento que evidentemente no le retiraron en la requisa.
Sus padres iniciaron una demanda civil contra el Estado y los cuatro policías que participaron del operativo exigiendo el pago de 130 mil pesos. También se adhirió al litigio civil la pareja del fallecido, en representación del hijo que ambos tenían, pidiendo $63 mil.
Los demandados negaron los hechos y aseguraron que, en todo caso, la muerte ocurrió por culpa exclusiva de la víctima debido al estado de alcoholización que presentaba.
La jueza Natalia Loschiavo tuvo en cuenta para resolver el proceso un acta del procedimiento que se realizó. En el escrito figura que a García le retuvieron en la requisa un papel higiénico, un vaso, un chuchillo, un tenedor, plata, una bufanda de polar, una campera, dos platillas, una linterna, un pañuelo, un teléfono celular, un encendedor, una billetera y un par de cordones.
Sin embargo, también quedó asentado que tras el fallecimiento le hallaron «una cadenita con crucifijo, un anillo y un cinturón», elementos que deben ser secuestrados cuando una persona es detenida justamente por la peligrosidad que pueden representar.
Para la magistrada quedó acreditado la responsabilidad del Estado y de los funcionarios que intervinieron ya que «efectuaron de una manera irregular sus funciones», porque si bien fue requisado, esto se hizo «en forma parcial y no fue completada al momento del ingreso a la subcomisaría».
La Justicia civil ordenó que los demandados le paguen una suma de 667 mil pesos a los progenitores y 323 mil al hijo del joven que se quitó la vida, sumas que ascenderán considerablemente una vez calculados los intereses y costas.
Fuente: Diario UNO