Funciona desde 2014 en el ex D2, pero los organismos de derechos humanos piden que se apruebe una ley que regule definitivamente su funcionamiento. Parte del edificio todavía lo usa la Policía y en otro sector funciona una Fiscalía.
En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se conmemora hoy, organismos de derechos humanos salieron a reclamar al Gobierno provincial por una ley que “duerme” en la Legislatura sobre el Espacio de la Memoria, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de Mendoza durante la última dictadura: el D2.
Eugenio ‘Keno’ París, quien estuvo detenido en el lugar y hoy integra la asociación de ex presos políticos de la provincia, aseguró que el sitio está funcionando casi sin presupuesto oficial y sólo se mantiene a través de donaciones y del trabajo que realizan los miembros de los organismos de derechos humanos.
Estas entidades presentaron a principios del año pasado un anteproyecto de ley para reglamentar la existencia del D2 y su funcionamiento interno.
“Durante todo 2016 tuvimos reuniones con diputados oficialistas y nos dijeron que hasta que no se definiera la política de derechos humanos esta ley iba a quedar pendiente. Todavía está ahí, en la comisión de Derechos y Garantías”, explicó París, agregando que se les dijo que iban a seguir discutiendo el anteproyecto cuando asumiera el titular del área de Derechos Humanos, cargo que ocupa, desde agosto, Luz Faingold.
La funcionaria admitió que el anteproyecto viene demorado, pero que se están haciendo avances y la intención es seguir ganando lugar dentro del edificio.
“Hemos presentado un expediente para equipar el salón del medio del espacio con sillas, un cañón proyector y una pantalla. También de rollers [cortinas] para oscurecer la sala audiovisual y que además pueda ser usada como sala de conferencias”, explicó Faingold, quien también estuvo detenida en el D2 unos meses antes de instaurada la dictadura militar.
Además, agregó que quiere mejorar el aspecto de los vidrios que dan al exterior, para que no se vean los excrementos de las palomas: “El espacio cuenta con calefacción y he pedido un equipo de aire acondicionado, para que no sea sofocante en verano”.
Un poco de historia
En el edificio de calle Belgrano y Peltier funcionó desde 1974 -activamente desde 1976- el Departamento de Informaciones D2 de la Jefatura de Policía de Mendoza. El lugar operó como un centro clandestino de detención y fue el más importante de esta provincia. Se disolvió en 1998 tras la reforma policial.
En el inicio del gobierno de Francisco Pérez (2011), los organismos de DDHH de la provincia manifestaron la posibilidad de que se les entregara el edificio del ex D2, en ese momento en manos de la Policía. Así, en 2014 -según detalló París- a partir del decreto 499 se refuncionalizó el Palacio Policial y una parte fue entregada a estos organismos y otra a la Justicia.
Más tarde, el entonces ministro de Desarrollo Social, Cristian Bassín, emitió la resolución 660/15 que reglamentó la naturaleza, objetivos y funciones de este espacio provincial. En esa resolución se acordó una gestión conjunta y colegiada del ex D2 entre el Poder Ejecutivo provincial, el Poder Judicial y los organismos de derechos humanos.
Así se llegó a 2016, cuando se comenzó a trabajar en el mencionado anteproyecto, el cual hoy no ha salido de la comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura.
Edificio compartido
A finales del año pasado, a los organismos de DDHH también los puso en alerta la reubicación de algunas oficinas en el Espacio para la Memoria, tras el decreto 1625/16 firmado por el gobernador Alfredo Cornejo que dispuso otorgar algunos lugares del edificio al Ministerio Público Fiscal, concretamente a la nueva Fiscalía de Género.
“Este espacio puede ser utilizado solamente por nosotros y nunca se nos consultó si estábamos de acuerdo con la incorporación de esas oficinas”, dijo París, agregando que además el decreto 1625/16 incumple la Ley Nacional 26.691 de señalización y preservación de sitios del terrorismo de Estado, cuyo ámbito de aplicación es la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
“En definitiva, el decreto 1625/16 ignora las políticas de derechos humanos, nos deja afuera de la cuestión presupuestaria y necesitamos que nuestro proyecto de ley salga para tener un anclaje legal, porque no hay nada que legalmente diga que esto es de nosotros”, aseguró París.
Sin presupuesto
El Espacio de la Memoria funciona en el ala sur del entrepiso del edificio y también posee dependencias en la ex sala de torturas (subsuelo) y en una biblioteca-archivo donde trabaja la Comisión Provincial de la Memoria.
“También está funcionando la delegación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con 3 personas, cuya delegada es Gladys Cardone, y el Ministerio de Desarrollo tiene una administrativa más la directora del Espacio, Noelia Santino (que pertenece a la secretaría de Cultura)”, informó Faingold.
Lo que también fue parte del D2 y no fue entregado a los organismos es el ala este y el ala norte de ese entrepiso. “Queremos la primera sala, donde actualmente está Investigaciones y Policía Científica, para que allí funcione la Comisión Provincial de la Prevención de la Tortura”, reclamó París.
Respecto de las modificaciones que se le han hecho al ex centro clandestino de detención, informó que han presentado un recurso de no innovar para preservar el lugar.
“Es un edificio con salas muy intercomunicadas entre sí y no descartamos que haya material relacionado con el proceso militar. De hecho, en uno de los calabozos se encontró un papel de 1980 que contenía datos importantes. En una de las celdas, cuando nos hicieron la entrega, había papeles hasta el techo pero nunca se investigó todo el edificio”, remarcó París.
El hombre, que fue secuestrado y encerrado en el D2, destacó que antes de la entrega del edificio a los organismos de DDHH se banalizaba el horror: “Había una policía en una de las celdas poniendo sellos a papeles, como si no hubiera ocurrido nada”.
Vale destacar, además, que en la sala de torturas reconocida por las víctimas, en la actualidad se encuentran servidores de internet y maquinaria electrónica, una imagen que contrasta con los sucesos que allí ocurrieron y con la intención de preservar la memoria de esos hechos.
“No tenemos presupuesto para empleadas, no tenemos teléfono. Luz y agua sí porque es un edificio estatal pero, si dependiera de nosotros, no podríamos pagarlos. Tener un pequeño presupuesto para el mantenimiento específico es lo que necesitamos”, insistió París.
Fuente: Los Andes