Muchos casos resonantes han repercutido fuertemente en lo que se denomina como “opinión pública”. Casos de abusos, robos, asaltos y crímenes producen el repudio de la comunidad que exige la publicación de nombres e identificar a las personas para sentenciarlas socialmente y/o escracharlas.
Ante el pedido constante por parte de nuestros lectores sobre este tipo de datos, el Jefe Distrital de la Policía Rafael Salinas comentó que debe ser el Estado quien debe confirmar o derribar una denuncia sobre la persona. “No dar nombres (por parte de la Policía) responde a normas legales, esa información es única y exclusiva de fiscales y jueces”, expresó.
Además cada causa se suele cubrir bajo el secreto de sumario, la cual es una garantía para los sospechosos. “El juez es quien determina si la persona es culpable o no, es en definitiva, trabajo del Estado determinar su situación dando las garantías del justo proceso después de tener todas las pruebas en su poder”, aclaró.
Manifestó que la divulgación de nombres puede producir una condena que puede perjudicar a la persona, en caso de ser inocente, y a la resolución de la causa si es que pudiera tener alguna implicancia directa, ya que las defensas suelen valerse de esta condena social previa. Es por esto que los casos deben ser tratados por los medios de forma cautelosa, garantizando el derecho a la información sin entorpecer los procesos judiciales.
Finalmente destacó que para el Estado argentino lo más importante es la conservación de la libertad de la persona y que la peor situación para ésta es que sea privado de su libertad, siendo inocente.