El ministro de Gobierno, Víctor Ibañez y el abogado ambientalista, Enrique Viale, se expresaron sobre el tema.
El gobernador, Rodolfo Suárez, anunció ayer la suspensión de la reglamentación de la Ley 9.209 para abrir el diálogo y alcanzar el consenso social sobre las modificaciones de la 7.722. ¿Qué significa esto?
En primer lugar, hay que decir que la ley 7.722 fue reformada por la 9.209. Es decir, que hoy en Mendoza está permitida la minería metalífera. Pero la nueva norma es programática, es decir que el Ejecutivo debe completar, a través de una reglamentación, algunos aspectos de la ley para que sea operativa. Ése es el paso que ha dejado en suspenso el mandatario provincial.
Este paréntesis hasta la reglamentación genera dudas entre la población y hay dos posturas con respecto al tema. Por un lado, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, aseguró que ninguna minera puede comenzar su actividad en Mendoza porque es necesaria la reglamentación. “La norma está vigente, viva, porque fue promulgada y ahora su operatividad depende de la reglamentación. En este tiempo no se puede iniciar la actividad minera. Recién en 6 meses pueden pedir al Ejecutivo, a través de un amparo judicial, que reglamente la ley”, explicó el funcionario de Suárez.
Por otro lado, el abogado ambientalista, Enrique Viale, aseguró que esta medida genera un vacío legal en el que las empresas mineras pueden adquirir derechos. “No existe la posibilidad jurídica de ‘suspender una ley’ (salvo judicialmente). Tampoco hay chances de veto porque está promulgada. En Argentina hay muchas leyes sin reglamentar y eso no quita el derecho. Las mineras pueden avanzar en la actividad con el uso de cianuro y adquirir derechos. La no reglamentación sólo deja vacíos en los que se aplica el principio de que todo lo que no está prohibido, está permitido”, explicó una de las caras visibles de las protestas contra la reforma de la 7.722.
“Que las autoridades no engañen a la población. La única salida es que el Gobernador llame a sesiones extraordinarias y envíe un proyecto de derogación de la ley 9.209. Ésta es una maniobra política para descomprimir el descontento social”, agregó.
Fuente: Los Andes