El día de ayer, la Cámara Baja dio media sanción por unanimidad a una ampliación de la norma que establece la quita de beneficios económicos a los empleadores que promuevan el trabajo esclavo y la explotación infantil. El proyecto prevé publicar un artículo con los nombres de los infractores por diversos medios de comunicación.
El proyecto presentado por el presidente del bloque diputados del FPV-PJ, Gustavo Arenas, tiende a sumar a la ley Nº8.374, la condena social hacia las empresas infractoras, además contempla las sanciones administrativas y económicas correspondientes a los infractores con el fin de contar con más herramientas para erradicar definitivamente el flagelo al que son sometidos numerosos niños que se encuentran desprotegidos y en condiciones de vulnerabilidad extrema.
En este contexto, el legislador promueve la norma que establece que la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, tenga la obligación de “remitir mensualmente la nómina de empleadores inscriptos en el Registro de Infractores Laborales por las infracciones previstas en el artículo primero (de la norma) a la Administración Pública Provincial, centralizada o descentralizada; entes autárquicos, empresas y sociedades del estado, y todo otro organismo dependiente del Estado provincial, así como también a los medios masivos de comunicación de la provincia de Mendoza y a toda organización privada que así lo requiera”.
La ley Nº8.374, sancionada el 15 de noviembre del año pasado y promulgada el 2 de diciembre por el decreto Nº3.247 del Poder Ejecutivo, dispone que a los empleadores que incurran en esas prácticas se les impida el acceso a beneficios de tipos fiscal, impositivo, económico, financiero o de cualquier otra índole que otorgue la Provincia de Mendoza, o que lo pierdan en caso de que ya les hayan sido otorgados.