El proceso de cesantías se viene acelerando desde 2017 y, en lo que va del año, ya alcanzó a empleados de Radio Nacional, TDA, Ferrobaires, Yacimientos de Río Turbio, Fabricaciones Militares, Télam y otras empresas. El acuerdo con el FMI podría profundizar los despidos.
Desde su llegada al gobierno en diciembre de 2015, Cambiemos despidió a casi 4500 trabajadores de empresas del Estado. La mitad, en los dos primeros años de gobierno, la otra en el último año y medio: desde 2017 el proceso de expulsión se aceleró, empujado por sucesivos ajustes. El acuerdo con el FMI, por el que el Gobierno se comprometió a reducir a cero para 2021 las transferencias que compensan los déficits operativos de las empresas públicas, puede duplicar la sangría.
Esta política de despidos –que este año dejó en la calle a trabajadores de Radio Nacional, Televisión Digital Argentina, Ferrobaires, Yacimientos de Río Turbio, Fabricaciones Militares, la Fábrica Argentina de Aviones y la semana pasada redujo al 40 por ciento la planta de la agencia de noticias Télam, con 357 despedidos– fue anticipada hace poco más de un año, en mayo de 2017, en un documento oficial titulado “Carta de Jefatura de Gabinete: empresas públicas para el crecimiento”, que adelantó la decisión del Gobierno de reducir las transferencias a las empresas públicas.
El informe deja a la vista que en los motivos que mueven a esta decisión al equipo de gobierno hay más de ideología que de racionalidad. Al repasar la historia de las empresas del Estado, el documento sostiene, por ejemplo: “En los ‘90 se inició un rápido camino de privatizaciones, urgido por corregir sus problemas de déficit e infraestructura”, un modo de describir lo que fueron las privatizaciones del menemismo que valora el proceso, omitiendo cualquier mención a su costo social y a la lección política derivada del convulsionado fin de siglo argentino.
El documento oficial fue publicado junto con un relevamiento sobre los despidos en las empresas del Estado realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Hernán Letcher, titular del CEPA, explicó que les interesó cotejarlo con el número de despedidos debido a que es un texto que adelantó las cesantías al defender la reducción de las transferencias de fondos públicos a las empresas estatales. La crítica a estas transferencias fue hecha “sin discriminar a qué estaban destinados los fondos”, sin desglosar “si correspondían a procesos de estatización (un caso es el de Aerolíneas Argentinas) o a la implementación de subsidios energéticos, como fue la función de Enarsa”.
En este sentido, la planificación del ajuste es muy ilustrativa: consiste básicamente en dos columnas de montos donde el objetivo evidente es su mero achique.
El informe fue resultado de la creación, en octubre de 2016, del Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas, integrado por los ministros de carteras accionistas de las empresas (Energía, Transporte, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicaciones y Defensa), dos miembros independientes (en abril de 2017, momento de su redacción, fueron Luis Mario Castro y Jorge Becerra) y los ex vicejefes de Gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Este Consejo se reúne periódicamente en Casa Rosada para seguir la evolución de 31 empresas públicas, discutir sus planes estratégicos y monitorear su desempeño.
El estudio del CEPA detalla que entre 2015 y 2016 fueron despedidas 2199 trabajadores de las empresas del Estado. En el mismo período ingresaron 763, por lo que la reducción fue de 1436 empleados. Estos números corresponden a datos oficiales.
En 2017 y hasta mayo de 2018, según un registro propio del centro de estudios, hubo otros 2264 despidos.
El CEPA hace, finalmente, una proyección debido a que, en el marco del acuerdo con el FMI, el Gobierno se comprometió a reducir a cero para 2021 las transferencias que compensaban los déficits operativos de las empresas públicas. Esto podría generar el envío de 10 mil telegramas de despidos más, advierte el estudio.
“Para llegar a este número se necesitaría realizar despidos en prácticamente todas las empresas estatales. Pero por otra parte, sería un recorte que implicaría sólo la reducción de entre 1800 millones de pesos – considerando salarios de 2016– y 3 mil millones –considerando salarios de 2018–. Es decir, si tomamos las transferencias a las empresas estatales en los niveles de 2016 (de 91.273 millones), semejante ajuste en la plantilla sólo permitiría una reducción de dichas transferencias en apenas el 2 o 3 por ciento”.
El número de 10 mil despidos es un ejercicio, un dato para mostrar, con su exorbitancia, a qué habría que llegar para que una reducción del personal de las empresas del Estado tuviera impacto significativo en sus presupuestos. “Aunque realizados con el argumento de reducir el déficit, los despidos en el sector público, y sobre todo en estas empresas en particular, no modifican esencialmente la matriz económica del déficit fiscal de nuestro país”, señaló Letcher. “Uno puede pensar por esto que se hacen por cuestiones básicamente ideológicas o, como pasó en los ‘90, como un ‘saneamiento’ que prepara el camino a una nueva ola de privatizaciones.”
El detalle de las cesantías
