La Justicia, otra vez, cuestionó los planes del gobierno de Mauricio Macri para el programa de testigos protegidos.
La Cámara Federal de Casación, el tribunal que había sido «invitado» a encabezar el Consejo Consultivo de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, se reunió hoy y manifestó su «preocupación» por el decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri que dispuso la creación de esa agencia.
Los camaristas del máximo tribunal penal resolvieron enviarle un oficio a la Corte Suprema -que había manifestado su oposición a que el programa pasara a la Justicia, plan original del Gobierno- para «poner en su conocimiento la preocupación» de la Casación «por la compatibilidad de su aplicación en relación a las atribuciones constitucionales y legales de esta Cámara».
Varios de los miembros de la Casación no estaban en la reunión. El tribunal decidió que va a «continuar la deliberación en un acuerdo general» el lunes próximo.
Los camaristas sostuvieron que le daban intervención a la Corte porque es ella quien está «investida» de «atribuciones de gobierno del Poder Judicial».
La reacción de la Casación fue una respuesta al decreto de necesidad y urgencia 795/2019, publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual el Gobierno creó la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un organismo autárquico. El plan del oficialismo es que esa agencia esté a cargo del presidente de la Cámara de Casación e integrado por el procurador general de la Nación y el secretario de Seguridad.
La intención del decreto es que, cuando asuma el nuevo presidente, el antiguo Programa de Protección de Testigos e Imputados, que vela por la seguridad de los arrepentidos que declararon contra el kirchnerismo, entre otros, no quede bajo el control del nuevo gobierno.
Actualmente se encuentran bajo el programa unas 200 personas, la mayoría de ellas testigos protegidos y arrepentidos en casos de narcotráfico y secuestro extorsivo.
Pero también los exfuncionarios kirchneristas «arrepentidos» que con sus declaraciones terminaron sumando pruebas para llevar a juicio a Cristina Kirchner y Julio De Vido, y condenar a Amado Boudou. Ellos son José López, exsecretario de Obras Públicas condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito por los bolsos con nueve millones de dólares; Alejandro Vandenbroele, quien confesó haber actuado como testaferro de Amado Boudou para quedarse con la imprenta Ciccone, y su exesposa, Laura Muñoz, quien aportó pruebas como testigo para descubrir el rol de su exmarido.
Ellos siguen en el programa, pero según fuentes oficiales algunos manifestaron preocupación por su futuro. Quien se retiró del plan es Leonardo Fariña, que asesoró a Lázaro Báez con sus finanzas y luego terminó declarando como arrepentido en las causas en las que está siendo juzgado por lavado de dinero y por beneficiarse de la obra pública.
Fariña sostuvo primero que se iba por razones personales, para estudiar y trabajar, pero después dijo el cambio en el escenario político había sido determinante en su decisión.
Hasta ahora el Programa de Protección de Testigos e Imputados dependía del Ministerio de Justicia.
Según el decreto, la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados tiene «carácter de ente autárquico» y estará » dotado de autonomía funcional».
El Consejo Consultivo de la agencia estará presidido por el presidente de la Cámara de Casación, que fue invitado a integrarlo, al igual que el procurador y el secretario de Seguridad. Fue en respuesta a esa invitación, la reacción de la Casación.
Fuente: La Nación