Los educadores mendocinos criticaron, en una jornada especial, el documento con el que la DGE quiere contener los hechos de violencia. Se quejan porque que se recarga a los trabajadores.
Los docentes de los niveles Inicial, Primario y Secundario de la provincia discutieron ayer los alcances del Protocolo de Procedimientos ante Situaciones Emergentes (PPSE) para las escuelas mendocinas. Como ya lo habían manifestado cuando la novedad de este instrumento comenzó a circular, fue general el desacuerdo, ya que entienden que, al menos el borrador que les llegó del documento, no profundiza en las acciones para proteger a los educadores cuando los padres o los mismos alumnos los agreden.
En una recorrida que este diario realizó por distintos establecimientos, advirtieron que debería ampliarse esta herramienta y, en otros casos, entienden que debe existir una ley que permita un encuadre completo de la situación.
Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) informaron que la participación de los docentes en el debate institucional fue amplia. Algunas instituciones dieron cuentas de un presentismo cercano al 80%.
Las consideraciones que los trabajadores hicieron, después de analizar el protocolo en grupo, serán elevadas a las respectivas supervisiones, y de allí el gobierno escolar evaluará su incorporación a la resolución definitiva.
Críticas
Lo que los maestros y profesores de primarias y secundarias marcan es, sobre todo, la desprotección cuando algún padre, o incluso alumno, comete contra ellos actos agresivos o intimidatorios.
Señalan que “no es demasiado lo que aporta la herramienta, porque se trata de acciones que ya asumimos”. Opinan: “No estamos capacitados para resolver situaciones complejas como drogadicción y uso de armas”, y subrayan la “recarga de responsabilidades en directivos y los equipos interdisciplinarios, que no cuentan con los recursos ni capacidad para dar solución a la violencia en la escuela, además de las tareas específicas”. Los consultados manifestaron también su inquietud por el rol que le compete al sindicato.
El PPSE habla en el apartado “1.6” de los “episodios de violencia de padres, madres, familiares u otros hacia personal de la escuela” –estableciendo como acciones no responder con agresión, mantener la escena lejos de la presencia de los estudiantes y llamar al 911 si el episodio no se resuelve a través del diálogo, como la posibilidad de denunciar el hecho–, pero quienes trabajan puertas adentro de las escuelas perciben que no alcanza.
“Lo que se avanza al respecto es muy superficial. Porque el documento parte de la defensa de los derechos de niñas/os y adolescentes y ese es el eje sobre el que se construye. El 98% de los docentes sufre agresión física y verbal, no es una excepción, es parte del panorama de violencia escolar”, aportó Gabriela Brizuela, docente de Comunicación de la escuela de Bellas Artes, en representación de otros quince educadores que debatían en uno de los cursos. En ese mismo espacio, colegas suyos añadieron: “Si al chico le pasa algo y los padres no responden, son las autoridades escolares las que deben hacerse cargo de los menores, tanto para hacer la denuncia de un hecho como para llevarlos a un hospital”. Este grupo expresó la necesidad de “una figura legal que asesore a las escuelas y la incorporación de acciones para proteger a los docentes”.
“El servicio de orientación educativo se recarga. Según el protocolo, es este equipo el que asume el rol de decidir cómo actuar y contener a las víctimas pero, por ejemplo, en esta escuela son cinco cargos para 1.500 alumnos. No es suficiente si debemos trabajar también con la convivencia y el abordaje pedagógico de los estudiantes”, dijo Paula Lucero, del grupo de orientadores del colegio Agustín Álvarez. Su compañera Griselda Opel sumó que “la escuela es parte de la sociedad, pero no están dadas las condiciones para que se puedan resolver las situaciones como lo pretende el protocolo, y todos se sienten excedidos en su rol”.
La vicedirectora de la Normal Tomás Godoy Cruz, Sonia Moyano, añadió que no hay cambios: “Es lo que veníamos haciendo en la escuela, no cambia mucho, aunque es buena esta instancia para que los docentes conozcan bien el procedimiento. Debería hacerse una ley o incluirse en la ley de educación provincial”. A su lado, un docente de tercer año, Sergio Onofrio, pidió intervenir y comentó que en el curso donde él encabezó el debate “rechazamos el protocolo porque no parte de un diagnóstico sobre cómo es la situación en la escuela”.
Un cabildo abierto
La agrupación Docentes de Mendoza (autoconvocados a través de las redes sociales) realizará el sábado un foro debate sobre la violencia en las escuelas. Será en la plaza Marcos Burgos, frente a la municipalidad de Las Heras, a las 10.
“Es un cabildo abierto donde los docentes podrán expresar su parecer. Lo venimos haciendo en distintos departamentos y queremos que concluya en un congreso provincial por una escuela sin violencia”, contó Alejandro Giménez, vocero de la organización.
Opinó que el protocolo para tratar los casos de violencia que ocurren en las escuelas “perjudica a los docentes, que deben asumir toda responsabilidad y carecen de protección”.
El lunes no hay clases
Debido a que se realizarán elecciones de autoridades de las Juntas Calificadoras y de Disciplina, el próximo lunes no habrá clases en las escuelas mendocinas. Abarca a las estatales, en el Nivel Inicial, Primaria y Secundaria.
Serán afectadas por el proceso eleccionario 70 escuelas y deberán votar los educadores que figuren en los padrones publicados en www.mendoza.edu.ar
La Junta Electoral comunicó que “los docentes que no figuran en el padrón definitivo podrán acceder a partir del 6 de setiembre, a través del portal educativo, a una aplicación que generará la constancia correspondiente para ser presentada en sus respectivas escuelas”, ya que el voto es obligatorio.
Fuente: Diario UNO