Por Abi Romo
Ocurrió el pasado viernes. La irregular maniobra fue ejecutada por una oficial de justicia en compañía de efectivos policiales. En el mes de junio fue el primer intento, sin embargo, la misma jueza que ordenó ese desalojo, posteriormente dictaminó su suspensión, medida que hasta el día de hoy sigue vigente.
El día viernes 27 de septiembre, la familia Salinas, que vive desde hace décadas en un puesto ubicado en la zona del Yaucha, del sur del departamento de San Carlos, sufrió un segundo intento de desalojo. En esta oportunidad, quien llegó hasta el lugar para sacar a los habitantes de su hogar y tierras, fue una oficial de justicia en compañía de efectivos de la Policía, todos del Valle de Uco.
Los atropellos contra los Salinas comenzaron el pasado 28 de junio (ver nota). Ese día, sin notificación previa, un grupo de personas -entre ellas otro oficial de justicia- irrumpió en el puesto e intentaron desalojarlo.
“Los tipos que entraron al puesto volvieron a bajar y no dejaron una notificación, entonces para nosotros sigue siendo un robo, por eso ha quedado una denuncia radicada en la Comisaría 18, porque hasta el día de hoy no se los ha notificado de ningún desalojo, nos enteramos todo por palabra”, había comentado el 3 de julio a El Cuco Digital Damián Moreno, amigo de la familia Salinas y miembro de la organización Crece Desde El Pie.
Posteriormente, frente a la situación, los Salinas junto a sus abogados realizaron diferentes averiguaciones y confirmaron que había una orden de desalojo impartida por la Justicia Provincial, sin embargo el proceso presentaba una serie de irregularidades, principalmente porque el lugar ya estaba en juicio hace algunos años con la Justicia Federal y por otro lado, que nadie les aviso sobre dicha orden, lo cual debía ocurrir diez días previos al procedimiento. Por tal motivo, el 5 de julio, la misma jueza que había ordenado el desalojo, Natalia De Gaetano, dictaminó su suspensión, medida que continúa vigente hasta la actualidad.
Aparentemente, la última decisión de la Justicia no fue suficiente para la otra parte involucrada en la causa, que, con una orden falsa, intentó nuevamente desalojar a la familia de sus propiedades.
«María se encontraba sola en su casa cuando llegó hasta el lugar una oficial de justicia acompañada por la Policía y dos vehículos particulares con siete personas, diciendo que tenía una orden de desalojo. Con un supuesto expediente en las manos, le insistió a nuestra compañera que abandone el lugar sin dejarle leer ni mostrarle los documentos que aseguraba que llevaba. En ese momento, María le advirtió a la oficial que su abogado estaba en camino, por lo cual, repentinamente, la autoridad decidió suspender la medida alegando que había un error en la fecha (la misma estaba tachada y escrita con lapicera)», relató Crece Desde El Pie a través de un posteo en Facebook.
Por su parte, el abogado de la familia, Lucas Gomez Portillo, comentó al respecto a este medio: «Se había suspendido el desalojo, incluso nosotros hicimos una ampliación de este pedido con una nulidad de todo el expediente, con recursos de reposición y demás, y cuando lo van a resolver a eso, en el medio el abogado se ha llevado el expediente y en eso que se ha llevado el expediente aparece la oficial de justicia en el campo diciendo que había una orden de desalojo, lo cual era falso, y aparentemente, incluso por relato de los mismo policías que intervinieron en el acto, ese oficio que ellos mostraron estaba con la fecha cambiada, por lo tanto ahí lo que hemos hecho es aconsejar a la gente del campo que vaya y haga la denuncia».
La recomendación fue tomada por los Salinas, quienes ya realizaron la denuncia y en relación a ello el letrado comentó: «Lo que tiene que hacer ahora la justicia es investigar; lo consideramos muy importante porque es obligación de la Unidad Fiscal de Tunuyán que haga la investigación, que tenga toda la información necesaria de los expedientes y que exija respuestas para individualizar a las personas, que a algunas ya las tenemos individualizadas, como a la oficial de justicia, quien debería ser apartada de su cargo e incluso consideramos que debería ser privada de su libertad inmediatamente porque está poniendo en riego la propia investigación y esta continuando con hechos ilícitos».
Seguidamente, el representante legal dijo que en la Ciudad de Mendoza se realizará otra denuncia «por todos los actos fraudulentos que se han incorporado al expediente, pero a esto se le suma un incumplimiento de una orden judicial por una oficial de justicia, con policías en complicidad y promoción de estos abogados y de esta gente que está tratando de lograr el desalojo por vía de hecho (…) han falseado información, han logrado una sentencia con documentación sin firma certificada ni siquiera con fecha cierta y en base a un poder del año 70 que ya no está vigente», agregó Gomez Portillo.
Por otro lado, en relación a quién está al frente de la causa en este momento, el abogado contó que «el juez original que resolvió la homologación en una línea y sin controles de legalidades adecuados, ya no está en la causa, y la jueza que intervino luego, Natalia De Gaetano, ella lo que hizo básicamente es ordenar el desalojo en base a la homologación que había en el expediente, no es que ella lo resolvió, y cuando se enteró de todo esto lo suspendió. Y la nueva jueza ni siquiera ha podido ver el expediente porque los abogados en el medio de esto se lo han llevado y no lo devuelven».
Para concluir, Lucas Gomez Portillo insistió en que «sería importante, no sólo para la gente del expediente y la gente del Yaucha, sino para toda la zona, que a la oficial de justicia inmediatamente la separen del cargo y por lo menos le inicien una causa penal, y a nuestro entender además la priven de libertad, porque además estamos en riesgo de que ella siga produciendo los efectos del delito y además oculte información por el cargo que ostenta, porque no es cualquier persona, es una oficial de justicia y evidentemente está actuando por detrás del sistema».
Poste realizado por Crece Desde El Pie