Con las manos llenas de tierra

Por Rayen Castro

El domingo 23 de octubre fue reelecta Cristina Fernández como Presidenta de la Nación con el tal vez,  más anunciado y contundente resultado comicial desde la recuperación democrática. Pasaron las elecciones y detrás quedó una campaña que, salvo los memorables spots bizarros de Rodríguez Sáa, seguramente no extrañaremos. Probablemente no se recuerde otra tan pobre en materia de propuestas y debates.

Esto tiene sus explicaciones: mientras el oficialismo apostó a apoyarse en la gestión realizada, sin propuestas ni planes demasiado esbozados a futuro, la oposición con la derrota que anunciaron las primarias asumidas, dirigió su discurso al supuesto peligro de un Parlamento en manos del Frente para la Victoria intentando convencer al electorado de que vote al menos a sus legisladores.

Resulta por ello una gran incógnita, el qué sucederá concretamente de aquí en más. El cómo habrá de “profundizarse el modelo” es aún después de las elecciones un gran signo de pregunta.

Quizás algo se pueda inferir de la primer medida posterior a los comicios: la obligación de liquidar sus divisas en el país a petroleras y mineras tal como deben hacerlo los exportadores de granos, representa aunque sea un pequeño gesto, un cambio de actitud del gobierno respecto a estos sectores cuya política hasta el momento ha sido cuanto menos complaciente durante estos ocho años.

Tal vez para tener alguna referencia algo más concreta sobre los próximos cuatro años haya que remitirse a la primer semana posterior a las primarias, cuando la Presidenta presentó ante el Congreso un proyecto que hoy se vuelve a discutir, el de la llamada Ley de Tierras cuyo título, con bastante más pompa, es el de “Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las tierras rurales“. Su objetivo primordial es, según se puede deducir,  limitar la propiedad del recurso en manos de fondos extranjeros.

En primer lugar lo que sorprendió entonces fue la muestra de voluntad política del Gobierno Nacional en una coyuntura en la que lo más predecible hubiere sido tranquilizar las aguas hasta después de las elecciones generales. Hacer la plancha. Ello se condice con el estilo que ha marcado las intervenciones de la experiencia kirchnerista,  se ganen o se pierdan los comicios, se busca mantener la iniciativa.

Lo segundo, y ya no como sorpresa sino como una nueva paradoja, se evidenció prontamente cuando sectores de la oposición que reclamaban el tratamiento de un proyecto de la materia “con urgencia” ahora pidieran más tiempo para evaluar la cuestión. De hecho el proyecto oficial se suma a 7 ya presentados por otras fuerzas.

Si vamos a los puntos centrales del proyecto en cuestión, el mismo prevé que no más del 20% del territorio de cada municipio o provincia pueda estar en manos de extranjeros, no pudiendo la extensión de cada terreno ser mayor a las 1000 hectáreas. Se aclara que la ley no será retroactiva, esto es, que sólo rige hacia el futuro. Por lo tanto, si tras el censo que se realizará para determinar cuál es el porcentaje actual en manos de extranjeros, resulta que el mismo es mayor a 20%, no se forzará a la venta del mismo.

Sobre el primer punto cargaron sus críticas varios bloques opositores alegando que una limitación de este tipo devendría inconstitucional en virtud de lo sostenido por el artículo 20 de la carta magna. El mismo iguala en el territorio de la Nación a extranjeros y nacionales en el goce de derechos. Sin embargo, cabe consignar que el mismo data de 1853 por lo que no hay que ser muy perspicaz para entender que se trata de un contexto absolutamente diferente el actual de aquel que se alentó al constituyente de dicho momento.

Otro costado problemático, ya en torno al punto de la irretroactividad, es no resolver qué sucede con aquellos terratenientes, entre los más conocidos el italiano Benetton y el húngaro George Soros, que poseen altísimas extensiones de tierras nacionales. La cuestión es especialmente compleja si tenemos en cuenta ya no sólo a foráneos sino también a nacionales. Si sumamos a los extranjeros mencionados a los argentinos Amalia Lacroze de Fortabat (Loma Negra) y a Juan y Jorge Born (Bunge & Born), la suma de hectáreas entre los cuatro ascendía a dos millones según un relevamiento del 2000.

Por otro lado entre los considerandos del texto enviado por el Ejecutivo figura la necesidad de mantener la propiedad y tenencia de las tierras en manos de productores agropecuarios nacionales, buscando garantizar de ese modo la soberanía alimentaria. Esto es que, ante la voluntad de países como China, de adquirir tierra argentina para así producir alimentos para sus habitantes, se busca asegurar que sea a los argentinos a los que se satisfaga con prioridad.

 Ahora bien, cabe decir que nada se dice en el proyecto sobre el uso que se le asigne al recurso ni de la nacionalidad de quien lo alquile. La modalidad ésta muy difundida en la actualidad.

 El constitucionalista Eduardo Barcesat, autor del proyecto, sostiene respecto de este punto que no se buscó una reglamentación que controle el destino de la producción para no limitar de ese modo la libertad empresaria. Asimismo Barcesat agrega que la disposición generaría un “sentimiento de solidaridad” en los productores nacionales, reafirmando la confianza en el argumento que predica que basta la nacionalidad para que se dé un mejor uso de la tierra y para que quede en el país la suficiente cantidad de alimentos.

Suspicacias al margen, no puede dejar de hacer ruido esa confianza ciega en el productor nacional muchas veces tan o más responsable que el extranjero en el despojo de tierras a campesinos y pueblos originarios. Dejar pasar esto es olvidar los ecos de la llamada Campaña del Desierto, máxime si se tiene en cuenta que la iniciativa se plantea de la mano del recientemente expuesto y publicitado Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA), el que tiene entre sus metas la de extender la superficie sembrada de 34 a 42 millones de hectáreas, buscando ampliar la producción agropecuaria de 100 a 160 millones de toneladas de granos.

Esos 10 millones de hectáreas, que se postulan vacías, están ocupadas por comunidades campesinas ya en conflicto por la amenaza del avance de la frontera sojera. Sabido es que, milanesas de lado, la soja no tiene un lugar central en la dieta nacional, y que la casi totalidad de su producción es exportada para alimentar ganado y producir biodiesel. El PEA, en tanto, poco dispone para dar pasos atrás o mermar el avance de este monocultivo. Y es que ese, en términos sabineanos, “maldito bendito” cultivo está en todo,  menos dónde debería: en proyectos como estos.