El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dará inicio el próximo jueves a un nuevo juicio oral, en el que se investigará el secuestro y desaparición del dirigente montonero Roberto Quieto y la apropiación de dos nietos restituidos.
El tribunal fijó para ese día a las 10 el comienzo de la audiencia de debate en la nueva sede tribunalicia de Pueyrredón 3728, partido de San Martín, destinada especialmente a la realización de juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción.
Los casos a investigar, en este noveno juicio, corresponden al secuestro y desaparición de Roberto Quieto -ocurrido en 1975-, y a las apropiaciones de Gabriel Matías Cevasco y de Martín Amarilla Molfino, hijos de militantes desaparecidos y nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo.
Los imputados serán el ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares y ex presidente de facto, Reynaldo Bignone; y los apropiadores Roberto Cándido Duarte; Margarita Noemí Fernández; y Aída Blandina Dusolina Pizzoni.
También serán juzgados los civiles Jorge Eduardo Ramella (médico), Liliana Mabel Alvarez, Alicia Itatí Rodríguez y Jorge José Buffe.
Por la parte acusatoria, además del fiscal Marcelo García Berro, actuarán las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Guido Quieto, hijo del dirigente desaparecido.
Según fuentes vinculadas a la causa, se estima que habrá alrededor de diez audiencias y que la sentencia se conocerá en diciembre.
De acuerdo al cronograma judicial, el secuestro y desaparición de Quieto será tratado en las audiencias del 17 y 18 de octubre, en tanto que la apropiación de Amarilla Molfino será el 22 y el caso de Cevasco quedará para los días 25, 29, 30 de octubre y 1º de noviembre.
El último juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante el terrorismo de Estado se realizó este año con la causa caratulada “Buitrago, Sergio y otros” donde se investigaron delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, allanamientos ilegales y robo agravado en perjuicio de 31 víctimas.
En esa oportunidad, el Tribunal Oral Criminal 5 de San Martín condenó a Riveros a 25 años de prisión; al ex prefecto Servando Ortega a 9 años de prisión domiciliaria y al ex comisario Juan Fernando Meneghini, a 6 años, cumplidos con la prisión preventiva, por lo que quedó en libertad.
En tanto, el ex capitán Sergio Buitrago -también imputado- falleció durante el proceso judicial sin recibir condena.
Campo de Mayo fue uno de los más grandes centros de torturas y exterminio que funcionó en el conurbano bonaerense durante la última dictadura cívico militar con 5.000 hectáreas y allí funcionó una maternidad clandestina y tres lugares de alojamiento de secuestrados.
Se calcula que por los tres centros clandestinos que había en el lugar pasaron unas 4.000 víctimas de las cuales sobrevivió sólo un diez por ciento.
A esa guarnición eran llevados secuestrados de la zona 4 del Ejército que abarcaba San Miguel, Vicente López, Tres de Febrero, Pilar, Escobar, Tigre, San Fernando, General San Martín, Exaltación de la Cruz, Zárate, Campana y San Isidro.