El delito se habría cometido a niños sordos.
En medio del dolor y las expectativas de las víctimas y sus familiares, comenzó en Mendoza el histórico juicio contra los sacerdotes del ex instituto Antonio Próvolo, quienes están imputados por los abusos sexuales de niños sordos.
Decenas de personas, en su mayoría del Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo, llegaron desde temprano a los tribunales provinciales para acompañar a los damnificados y exigir justicia. Mientras en las escalinatas del ingreso al Poder Judicial realizaban manifestaciones con pancartas y daban a conocer un documento con el «sentir» de los últimos dos años y medio, desde que se inició la investigación, en una sala cerrada arrancaba la audiencia con los tres acusados de los vejámenes. Así, en total silencio, casi inmutados y mirando al horizonte, llegaron al debate los sacerdotes Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (61), y el ex jardinero del establecimiento, Armando Gómez (51), quienes deberán responder desde el banquillo de los acusados por 28 hechos en su contra de abusos sexuales con acceso carnal, simple y corrupción de menores.
«Son mostruos vestidos con sotanas, que cometieron abominables crímenes contra los menores», indicaron los manifestantes en el escrito donde además dejaron en claro su postura sobre el accionar de la curia. «Observamos cómo la Iglesia Católica ha sostenido económicamente la defensa de los acusados. La no entrega de los resultados de la investigación canónica de los enviados del Vaticano, Dante Simón y Alberto Bochatey, es una clara muestra de ocultamiento y burla hacia el sistema judicial y la sociedad en su conjunto». Asimismo, solicitaron que en el juicio se utilicen las cámaras gesell que se realizaron a los afectados para no revictimizarlos en el debate al tiempo que solicitaron mayor asistencia psicológica y la incorporación de intérpretes de señas en todos los estamentos oficiales para garantizar la accesibilidad comunicacional.
«Fueron dos años y medio de mucha lucha, por eso esperamos tener todas las garantías para que se haga Justicia y que se otorguen penas ejemplares», expresó Erica Labeguerrie, familiar de víctimas del Próvolo, y una de las principales mendocinas que exige respuestas a lo que ocurrió en el establecimiento religioso que funcionó en Luján de Cuyo, que ahora se transformó en el palacio cívico comunal. «La venta del inmueble, a espaldas de los sobrevivientes, deja en evidencia las intenciones de borrar los atroces hechos cometidos en ese lugar», indicaron además en el documento.
El emblemático juicio por abusos eclesiásticos, el más importante en la historia de la provincia, con repercusión internacional, se realiza a puertas cerradas, ya que se trata de delitos de instancia privada. Según explicaron a LA NACION desde el Ministerio Público provincial, a las 9 ingresó el presidente del tribunal, Carlos Díaz, para definir una recusación presentada por la defensora oficial de los imputados, Alicia Arlotta. La misma fue desestimada por el magistrado, ya que se elevó fuera de término. Minutos después, con todo el tribunal conformado, incluido los suplentes, se dio inicio formal al esperado debate, con la lectura de los hechos a los imputados, al tiempo que se los identificó «fehacientemente».
En total son 14 las personas imputadas en tres causas y más de 20 las víctimas que han declarado desde que saliera a la luz el caso de abuso sexual eclesiástico más relevante de la historia de la provincia, en noviembre del 2016. Así, los tres hombres que ya están sentados en el banquillo de los acusados deberán dar respuestas a la Justicia provincial, menos el ex monaguillo, Jorge Bordón, quien se declaró culpable en un juicio abreviado, y un ex administrativo, que fue declarado inimputable. Las otras dos causas serán elevadas a juicio más adelante, en las que se encuentran comprometidas dos monjas de la entidad, Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, y demás personal directivo y administrativo.
Se espera que durante todo el juicio, que tiene previsto concluir el último día de agosto, aunque se podría extender un mes más, declaren alrededor de 200 testigos, quienes en su mayoría buscan demostrar que se trató de una conducta delictiva sistemática que tuvo su correlato en la Plata y en Verona, Italia, donde comenzó todo.
Fuente: La Nación