Es por presunto derrame de hidrocarburos en un arroyo de Tupungato. En el expediente se habla de violar la ley y arriesgar salud y ambiente.
Se desarrolla en los tribunales federales un juicio por contaminación petrolera, un hecho con muy pocos antecedentes en la provincia.
Concretamente la carátula habla de violar la ley de residuos peligrosos y lo que es más grave aún, poner en peligro el ambiente y la salud.
El caso ocurrió en Tupungato y no son esos los únicos ingredientes que hacen de éste, un debate diferente ya que también muestra el largo camino que recorrió el expediente 11.222 D, toda vez que los hechos investigados fueron denunciados hace 15 años.
La empresa petrolera denunciada es Vintage Oil y en este tiempo dejó de trabajar en la zona, mientras que los tres acusados: Miguel Angel Calvi, Carlos Laluf y Lisandro Tortone ; un cuarto Mark Francis Sheehan (ausente con un pedido de averiguación de paradero), tampoco trabajan más en el yacimiento Piedras Coloradas, ubicado en el departamento de Tupungato.
Hace 15 años
El caso se remonta al 28 de junio de 2003 y se originó cuando César Biritos, en su calidad de Delegado de Cauce de la Inspección Arroyo Carrizal, denunció la «existencia de contaminación por agua de purga causadas por los pozos (PC 15 y PC 67) de la empresa».
Cuatro meses después -dice la elevación a juicio con la firma de la fiscal federal María Gloria André-, se comprueba que «en al menos uno de los pozos (PC 15), dicha contaminación no había cesado”.
En detalle
Según se conoce ahora, en aquel tiempo se pudo observar en el cauce «un elevado valor de conductividad eléctrica al igual que los aniones (iones cargados negativamente) y cationes (iones cargados positivamente) mayoritarios, en especial cloruros y sodios, compuestos predominantes en las aguas en formación…»; el informe agrega que «hay un elevado contenido de uranio natural, nitratos, estroncio y litio, valores que no se encuentran normalmente en las aguas subterráneas, lo que nos indicaría que se trata de aguas de formación y/o agua de purga luego de la extracción de petróleo».
Lo que se traduce en que «se han producido fuertes derrames de agua de producción, con afectación directa sobre la red hídrica de la zona».
Además de todo lo expuesto, se recuerda que la existencia de los pozos mencionados en la denuncia, “estaba prohibida por resolución 788/1996 y no había autorización existente alguna de tal prohibición; que la contaminación efectivamente se produjo, que la misma se extendió por un período prolongado de tiempo, y que todo ello aconteció con conocimiento de los responsables», es decir los acusados.
En una sala vacía
El juicio que se viene desarrollando en la sala de debates del primer piso de los Tribunales Federales, está en manos de los jueces María Paula Marisi, como presidente, acompañada por Alejandro Piña y Alberto Carelli, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1.
La acusación fiscal está a cargo de María Gloria André, mientras los abogados Alberto Aguinaga; Carlos De Casas y Juan Day, tienen la asistencia técnica en la defensa de Calvi; Tortone y Laluf, respectivamente.
Sepa más
La Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051 de la República Argentina fue el primer estatuto de carácter federal, sancionada en diciembre de 1991, siendo promulgada por el Ejecutivo, dos meses después.
Y en su artículo 5°, condena con penas de entre 3 y 10 años a quien «utilizando los residuos envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general».
Fuente: Los Andes