Un amplio apoyo de las autoridades de clubes deportivos barriales y otras instituciones comunitarias de San Rafael, General Alvear y San Carlos recibió el proyecto de ley presentado por el senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) con el fin de establecer una tarifa eléctrica social diferencial para que esas organizaciones de vecinos no se vean obligadas a cerrar ante su imposibilidad de afrontar los alarmantes incrementos registrados últimamente en las tarifas de servicios públicos.
Todas las expresiones a favor de la iniciativa, que actualmente está en tratamiento en la Legislatura, se manifestaron en sucesivas reuniones que mantuvo este fin de semana el legislador justicialista con dirigentes de esas entidades sin fines de lucro en esos departamentos, adonde también les mostró y los asesoró acerca de otras herramientas de las que disponen para poder solventar transitoriamente sus situaciones y seguir funcionando.
Los encuentros, que respondieron a la expectativa de esas instituciones del Valle de Uco y el Sur de Mendoza debido a la desesperante situación económico-financiera que viven hoy junto a miles más de toda la provincia, fueron el jueves en el Club Deportivo Argentino, de San Rafael, y ayer a la mañana en la Liga Alvearense de Fútbol, de General Alvear, y por la noche en la Unión Vecinal de La Consulta, en San Carlos.
En la sede sanrafaelina participaron –además de Gustavo Arenas, junto el senador Mauricio Sat, la diputada Patricia Galván y la concejala Natalia Galamba– el Club Las Paredes, el Tiro Federal San Rafael, Independiente Calle Larga, San Martín de Salto de las Rosas, Sportivo Pedal Club, Club Deportivo Argentino y El Porvenir, entre otras entidades.
A su vez, en el encuentro alvearense estuvieron autoridades de los clubes Social y Deportivo Real del Padre, Atlético Ferro Carril Oeste, Atlético Colón, 10 de Septiembre y Sport Club Argentino, y la Liga Alvearense de Fútbol. Mientras, a la institución sancarlina asistieron dirigentes de la Unión Vecinal La Consulta, el Club Deportivo El Fortín, el Club Eugenio Bustos, la Liga de Lucha contra el Cáncer y la Asociación de Jubilados y Pensionados local, entre otros.
En las reuniones, el legislador justicialista expuso iniciativas de su autoría tendientes a ayudar a las miles de organizaciones comunitarias la provincia que se sostienen humildemente con los aportes económicos de sus socios y directivos, y además quedaron en evidencia nuevamente los desmedidos aumentos tarifarios de los servicios públicos que ponen en situación de quiebra financiera a esas instituciones vecinales con mucha historia. Las subas autorizadas por el Gobierno nacional, por citar algunos ejemplos, en ciertos casos superan el 500% o motivan que se deban cancelar boletas de más de $25.000.
Además de abordar el espíritu de las propuestas que viene haciendo desde cuando asumió como diputado, en el 2010, y que abarcan desde normas sancionadas que están vigentes hasta proyectos de leyes que se encuentran en tratamiento legislativo, el senador Gustavo Arenas explicó la manera de acogerse a los beneficios que rigen para paliar en parte los preocupantes endeudamientos motivados por factores coyunturales ajenos a esas instituciones.
El integrante de la Cámara Alta legislativa seguirá manteniendo estos encuentros en el resto de Mendoza con más representantes de clubes deportivos barriales, uniones vecinales, centros de jubilados, iglesias y demás organizaciones que prestan funciones relacionadas con la contención social, el aprendizaje y el esparcimiento, mediante actividades sociales, deportivas, culturales, pedagógicas y de entretenimiento, con acceso libre para miles de niños, jóvenes y adultos.
Alcances del proyecto de ley
El proyecto de ley del legislador justicialista que establece la tarifa diferencial –contenido en el expediente Nº67.711 del Senado– manda que en Mendoza se instituya “una categoría de usuarios de servicio eléctrico denominada Entidades de Bien Público”, que beneficiará a “asociaciones civiles, fundaciones sin fines de lucro, clubes de barrio, uniones vecinales, centros de jubilados y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con programas de promoción y protección de derechos”.
Desde su presentación, la iniciativa ha recibido el apoyo masivo de un centenar de organizaciones sin fines de lucro de toda Mendoza, así como de la asociación nacional de defensa del consumidor Protectora, de gran despliegue en todo el país, y la Confederación Mendocina de Deportes (Comede), que reúne a unas 50 asociaciones y federaciones deportivas, y representa a más de 35.000 atletas.
La propuesta remarca que organizaciones que cuenten con personería jurídica, que no persigan fines de lucro y que tengan “por principal objeto el bien común” puedan ser beneficiadas con una tarifa eléctrica diferencial, ya que los últimos aumentos en esos servicios ponen en serio riesgo de cierre a la mayoría de esas instituciones, que se sostienen gracias a las cuotas que pueden pagar sus socios.
El objetivo es que estas entidades barriales puedan continuar cumpliendo con sus funciones tendientes al desarrollo personal, la contención social, la formación de valores de vida, el aprendizaje de oficios, la incorporación de conocimientos y hasta la camaradería, a través de los deportes, los talleres de arte, los cursos de destrezas laborales y los espectáculos culturales, entre otras de las actividades que brindan con acceso libre.
La futura norma provincial toma como referencia la ley nacional Nº27.218, sancionada el 25 de noviembre de 2015, que establece un régimen tarifario específico para entidades de bien público con el fin de evitar que el incremento de los servicios perjudique las actividades que ahí se despliegan, ya que actualmente pagan una tarifa eléctrica general imposible de costear y que atenta con la continuidad de sus actividades. En igual sintonía, a través del expediente Nº67.852 del Senado, el legislador justicialista presentó también un proyecto de ley para que Mendoza adhiera a la norma nacional Nº27.218.
Otras normas en resguardo de entidades comunitarias
El legislador provincial justicialista –quien además es vicepresidente del Club Social y Deportivo Juventud Pedro Molina, de Guaymallén; forma parte de la mesa nacional de coordinación del Movimiento Social del Deporte y es el creador del Movimiento para la Recuperación de Clubes de Barrio, que colabora directamente con los vecinos que trabajan para evitar los cierres de las instituciones de ese tipo– ya ha presentado otras propuestas que van en el mismo sentido de resguardo de las instituciones comunitarias y algunas ya son leyes.
Entre las normas vigentes de autoría de Gustavo Arenas –desde que fuera diputado, a partir del 2010–se destaca la N °8.509, la cual dicta que a las instituciones barriales sin fines de lucro que desarrollen actividades abiertas a la comunidad no se les pueden embargar ni ejecutar bienes y se les deben condonar deudas contraídas con anterioridad. Sancionada en noviembre del 2012 y promulgada por el Poder Ejecutivo en diciembre del mismo año, para lograr su cometido modifica los artículos 1, 2 y 3 de la norma previa Nº6.858, con el fin de ampliar hacia las entidades comunitarias los beneficios con los que antes sólo contaban los clubes de fútbol.
Esta idea, además, fue tomada e incorporada por el Congreso a la norma nacional Nº27.098, que instituye el Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo para que las instituciones comunitarias sin fines de lucro que brindan actividades deportivas y culturales libres puedan recibir ayuda económica de la Nación. Simultáneamente, el legislador justicialista logró que Mendoza adhiera a esta norma mediante la ley provincial N°8.803, sancionada en julio del 2015 por la Legislatura y promulgada en agosto del mismo año por el Poder Ejecutivo.
Otra de las normas locales presentadas por Gustavo Arenas es la N °8.766, vigente desde diciembre del 2014, que crea el Programa de Promoción del Tenis de Mesa en toda la provincia, destinado a instrumentar la práctica libre y gratuita del ping-pong en clubes, espacios públicos y escuelas.
Proyectos en tratamiento legislativo
En cuanto a sus proyectos que están en debate legislativo y esperan ser sancionados, está el de la ley que prevé crear el Programa de Acceso Universal al Deporte y la Cultura (resta la aprobación del Senado), el cual establece que los menores de 18 años viajen gratuitamente en el transporte colectivo los fines de semana y feriados cuando se dirijan a practicar deportes o a participar en actividades culturales.
Asimismo, su propuesta de que se instituya el 30 de abril como el Día Provincial del Dirigente Deportivo ha recibido la media sanción de la Cámara de Senadores, mientras que este mismo ámbito, también a instancias del legislador justicialista, declaró de su interés el Plan Estratégico en Materia Deportiva elaborado por la Confederación Mendocina del Deporte (Comede).
Fuente: prensa senador Gustavo Arenas