Ayer, el presidente Sebastián Piñera fue acusado y responsabilizado por la represión en el país.
A más de un mes de comenzadas las protestas en Chile, el director de la Policía, el general Mario Rozas, anunció ayer que los oficiales no utilizarán más las escopetas antidisturbios que ya dejaron más de 200 jóvenes sin la visión en un ojo y causaron miles de heridos.
La venda en los ojos se convirtió en símbolo de las manifestaciones en el país, que comenzaron después del anuncio de una suba del boleto del metro pero que se extendieron en contra de la desigualdad social.
Ahora Rozas, cuestionado por la represión y a quien incluso se le pidió la renuncia, enfatizó que estas armas sólo podrán ser utilizadas en casos en que peligre la vida de los policías o de civiles. La medida parece ser respuesta a la acusación recibida por el presidente Sebastián Piñera, quien fue denunciado por la oposición de reprimir y de ser responsable directo de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en las últimas semanas.
Rozas también aseguró que las escopetas «solo podrán ser usadas como una medida extrema y de legítima defensa» y que esta definición será revaluada con los resultados de los estudios complementarios que se solicitaron en laboratorios externos de Chile y el extranjero, así como las certificaciones complementarias pedidos al proveedor.
Este armamento se encuentra en el centro de la polémica porque los agentes aseguran que funcionan de una forma y los especialistas entienden que lo hace de otra. Hasta ayer la Policía aseguraba que se trataba de municiones de goma.
Sin embargo el fin de semana expertos de la Universidad de Chile y el Laboratorio Criminalístico institucional explicaron que se trata de balas de 12 milímetros al dispararse se abren en 12 perdigones de ocho milímetros y 70 gramos. Las fuerzas de seguridad aseveran que la información proporcionada por el proveedor extranjero no coincide con estos datos.
Desde la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas afirmaron que » los perdigones analizados contienen un 20% de caucho y el 80% restante corresponde a otros compuestos», que identificó como sílice, sulfato de barrio y plomo. Tras ello, el toxicólogo y académico de la Universidad de Santiago Leonel Rojo dijo que si la munición queda incrustada «puede provocar intoxicación, dolores articulares, problemas del apetito, dolores abdominales o de la cabeza o presión alta por intoxicación por plomo».
«INDH valora decisión de Carabineros de suspender el uso de perdigones como herramienta antidisturbios, que ha lesionado a cientos de personas. Reiteramos nuestro llamado a que se realicen las pericias del resto de elementos disuasivos utilizados en el control del orden público», reaccionó anoche el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile.
Violencia
Chile vive un estallido social desde que el pasado 18 de octubre el alza de los precios del subterráneo derivara en protestas generalizadas que demandan mejores salarios y pensiones, reformas en educación y salud pública y una nueva Constitución escrita por el pueblo.
Ante la represión de las protestas, representantes de Amnistía Internacional, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Human Rights Watch están en Chile para investigar las denuncias.
La fiscalía investiga 26 muertes en el contexto de las movilizaciones sociales, al menos cinco de ellas a manos del agente del Estado y dos bajo custodia. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos hasta ahora se registraron además 2365 heridos y más de 6000 detenciones, de las cuales 726 corresponden a menores de edad mientras que el número de mujeres detenidas fue de 938 frente a 4382 hombres.
El organismo también recopiló 335 acciones judiciales, de las cuales 14 corresponden a amparos, 5 a reclamos por homicidios, 57 son acusaciones por violencia sexual y 236 por torturas llevadas a cabo por agentes de seguridad del Estado chileno.
Fuente: Agencias AFP y DPA