Será por dos años. Es decir que, si el ex concejal imputado por abuso sexual contra Dámaris Agüero no es denunciado durante ese lapso de tiempo y no se acerca a la joven, podría ser sobreseído de la causa.
Tras la imputación del ex concejal sancarlino Alejandro Marianetti por abuso sexual simple, hecha efectiva el pasado 10 de abril del corriente año por el fiscal Jorge Quiroga -siguiendo las directivas de Javier Pascua, Jefe de la Unidad Fiscal del Valle de Uco-, este lunes 5 de agosto el caso tuvo un nuevo capítulo: el acusado fue beneficiado por la Justicia con la suspensión del juicio a prueba por dos años.
Cabe recordar que Marianetti fue denunciado en agosto del año pasado por Dámaris Agüero, una joven de 23 años oriunda del distrito de Eugenio Bustos. El episodio por el que se lo responsabiliza habría ocurrido el día 19 de ese mismo mes en el distrito de Tres Esquinas, cuando ambos regresaban de un festejo por el Día del Niño en el auto del sujeto. Según manifestó la chica, Marianetti se desvió del camino, la tocó sin su consentimiento y posteriormente se habría masturbado frente a ella.
Posterior a dicha medida provisional, el siguiente paso era la elevación a juicio que había dictado el Ministerio Público Fiscal, luego de considerar que hay elementos de convicción suficiente en función de una valoración objetiva en toda la prueba para que la causa vaya a debate, instancia donde el acusado puede ser condenado o absuelto.
Sin embargo, hoy por la mañana en una nueva audiencia en la Unidad Fiscal de Tunuyán, la defensa de Alejandro Marianetti solicitó a la Justicia el beneficio de la suspensión del juicio a prueba por dos años, y se le fue otorgado. Esto quiere decir que, si en ese lapso de tiempo el imputado no es denunciado ni se acerca a la Dámaris, entre otros requerimientos, podría ser sobreseído de la causa.
Para ahondar en más detalles sobre el tema, El Cuco Digital dialogó con Lorena Martín, representante legal de la denunciante, quien primeramente contó: «Hoy día nos vemos sorprendidas cuando llegamos al juzgado porque lo cierto es que nosotras veníamos a una audiencia en razón de que la defensa de Marianetti se oponía al requerimiento de citación y elevación a juicio que había dictado el Ministerio Público Fiscal. La defensa plantea la oposición y en ese relato que hace de porqué se opone, dice que no hay prueba; no valora nada en cuanto a las pericias psicológicas que se le han hecho a Dámaris, a los informes que hay y a los testimonios de los dos psicólogos que han asistidos, aparte del EPI; no hablan nada de eso. Si hablan de que el testimonio de Dámaris es contradictorio, si hablan de que supuestamente ha existido una relación amorosa entre ellos, pero de haber existido o no, cosa que no se ha probado, eso no habilita a que vos puedas manosear a una persona que no quiere; entonces lo que basan es totalmente irrelevante».
Seguidamente la profesional agregó: «Entonces hoy día, a pesar de que ellos han sostenido férreamente la inocencia del encartado desde el primer momento, Alejandro Marianetti utiliza un beneficio que prevé la ley para quienes están procesados e imputados por un delito: la suspensión del juicio a prueba, que significa suspender los efectos. Marianetti no quiere que se siga investiga, no quiere que se realice el debate oral y público, es decir, no quiere correr riesgos, porque el riesgo es salir condenado».
Por otro lado, respecto a si el imputado cuenta con los requisito para solicitar dicho beneficio, Martín explicó: «Formalmente, o procesalmente, corresponde el pedido. Primero porque por el delito que se lo acusa la pena que se combina en abstracto es de 6 meses a 4 años; esto quiere decir que de resultar condenado, este delito no lo pondría en la prisión, porque el mínimo hace que el delito sea excarcelable. Por otro lado, Marianetti no tiene antecedentes penales y tampoco ha solicitado este beneficio con anterioridad. Además, como fue un hecho aislado, no encuadra en la Ley de Violencia de Género; y en cuanto a su función, lo que dicen es que no lo habría hecho en litigio a su función como concejal. Entonces, procesalmente, tiene todos los requisitos que exige el instituto de la suspensión del juicio a prueba».
Sin embargo, a pesar de que el ex concejal cumpla con los requisito por los que se le otorgó la suspensión, la abogada expresó que se oponen a la medida, ya que consideran que «se analiza una parte o una letra muerta de las leyes y no se ve la realidad de una chica que viene hace más de una año sufriendo esta situación; de una chica que conforme a lo que establecen los profesionales que la han asistido, hoy tiene un estrés pos traumático agudo. No vemos que es una chica que tuvo la valentía y el valor de denunciar y de hacerse cargo de todo lo que ha sufrido posteriormente, porque en el pueblo la han tratado de mentirosa todo el mundo. Han salido funcionarios del alto gobierno radical a bancarlo a Marianetti y a decir ‘yo si te creo’, entonces ¿dónde están los derechos de las víctimas?», cuestionó Martín.
En cuanto a Dámaris, y cuál fue posicionamiento frente a la Justicia tras dar lugar al beneficio, la letrada relató: «Se expresó ante el juez Ugarte y le dijo que ella quería llegar hasta las últimas consecuencias y que esto, lo que estaban haciendo en ese momento, la hacía nuevamente víctima, porque por una ley que autoriza ella se queda sin nada, porque si a esta persona en estos dos años no lo denuncian, se porta bien, no se acerca a Dámaris le dan el sobreseimiento».
Por último, en relación a que si se va a presentar algún recurso para apelar la decisión de la Justicia, Lorena Martín comentó: «Procesalmente corresponde. Si creo que ella tiene razón de sentir lo que siente porque se ha puesto en duda su integridad, su dignidad, muchas cosas, entonces ella pretendía de la justicia otra respuesta, que fuera integradora de todo, no solamente de la aplicación formal de una ley de procesamiento. Nosotras tenemos que evaluar de plantear la apelación o no, ver que jurisprudencia hay al respecto, consultar», concluyó la abogada de Dámaris.