Además, piden que la docente sea restituida a la escuela de la que fue desplazada.
Carolina Gutiérrez, la vicedirectora envuelta en una polémica nacional por el uso de lenguaje inclusivo en la escuela pública Manuel Blanco Encalada de Junín, rompió el silencio en una conferencia de prensa desarrollada esta mañana en la sede de la CTA Mendoza (Rioja 1509, Ciudad) y, a través la representante legal del sindicato, pidió volver al colegio del que fue desplazada.
“Quiero pedir disculpas de nuevo, nunca me imaginé que un saludo inclusivo iba a generar tanto revuelo”, comenzó diciendo la docente en su acotada intervención.
Y agregó: “Para mí la inclusión es darle la bienvenida al otro y este saludo inclusivo me parece uno de los dispositivos para hacerlo”.
La docente protagonista del escándalo que ha traspasado las fronteras provinciales solo se limitó a esa escueta declaración y no respondió preguntas de la prensa. “No queremos seguir exponiéndola por cuestiones obvias”, remarcó el secretario general de la CTA, Gustavo Correa, quien acompañó en la rueda de prensa, junto a la representante legal del sindicato, Janet Maldonado, y al titular del SUTE, Sebastián Henríquez, a la vicedirectora trasladada
Gutiérrez fue trasladada preventivamente de esa escuela del Este por una denuncia colectiva de padres que se molestaron por la utilización del lenguaje inclusivo de la maestra cuando se dirigía a los alumnos. Puntualmente, según los denunciantes, la vicedirectora saludaba a los chicos con “todos, todas y todes”.
Este fue la génesis del escándalo, al menos públicamente. Sin embargo, con el correr de las horas el simple “todes” fue quedando en un segundo plano y aparecieron acusaciones muchas más graves de ambos lados.
Tres medidas concretas
La representante legal del sindicato enumeró las acciones que han tomado tras el traslado de Gutiérrez: un amparo sindical para que la docente sea restituida de inmediato. Una denuncia penal contra dos funcionarios de la DGE y una intimación para el titular de esa dirección Jaime Correas.
Sobre el amparo, la letrada aseguró que el traslado de Gutiérrez carece de legalidad. “Ha sido dispuesto por un órgano administrativo que no es el adecuado”, sentenció Maldonado.
Luego, al justificar la intimación contra Correas, los representantes gremiales acusaron que “la docente ha sido víctima de violencia y agresión por parte de un grupo de padres de la escuela y, que la DGE no ha tomado las medidas correspondientes”. Agregaron que correspondía la activación del protocolo interno para estos casos y la aplicación del Código de Faltas para los agresores.
Sobre las denuncias penales contra los funcionarios de la DGE, Hugo Martín, delegado regional de la zona Este y Francisco Fernández, director de Asuntos Internos, los miembros de la CTA sentenciaron que “incurrieron en acciones de discriminación por que la han trasladado sin ningún fundamento jurídico válido y, basándose, según sus dichos en los medios de comunicación, en su ideología política”.
Martín aseguró ante medios periodísticos que la docente desplazada contaba con denuncias previas: “La temática principal es el saludo con lenguaje inclusivo pero también se han recibido siete denuncias sobre distintas irregularidades que se daban en la escuela. Las denuncias que hemos recibido son de distintas situaciones, por situaciones irregulares que se estarían dando en la escuela por parte de la vicedirectora”.
“Algunas denuncias son por maltrato, otras relacionadas con adoctrinamiento, actividades proselitistas que se habrían realizado en la escuela”, detalló el delegado de la DGE.
Sobre esto, la abogada Maldonado aseguró: “El acta que dispone el traslado de la docente es muy precario. En ningún momento hace referencia a que existan otras denuncias y la docente no tiene antecedentes de sanciones ni sumarios administrativos”.
En medio de este cruce de acusaciones que comenzaron en el ámbito escolar, el secretario general de la CTA, Gustavo Correa, se encargó de enmarcar la situación de la vicedirectora en cuestiones completamente políticas. “Hago responsable al intendente de Junín, el señor Mario Abed, de la integridad física de la compañera Carolina Gutiérrez”, sentenció y concluyó: “Más del 62% de los padres que firmaron la nota militan y adhieren al partido radical”.
Fuente: Los Andes