Los campesinos habían vuelto a tomar las tierras en Cutuguaty, donde el año pasado ocurrió la masacre que derivó en el golpe institucional contra Fernando Lugo y decidieron desocupar pacíficamente el lugar, luego de ser intimados por la Policía.
Los campesinos ingresaron en la hacienda, en reclamo de la liberación de sus familiares detenidos por aquellas muertes, en coincidencia con la quinta sesión de la audiencia preliminar que se celebró hoy y donde la jueza Yanine Ríos admitió el cuestionamiento de la defensa en cuanto a la no relación de las pruebas con las acusaciones a los procesados por la masacre.
Ante la decisión de la jueza, mañana miércoles serán presentadas las cajas que contienen las evidencias en otra jornada de la audiencia preliminar, al final de la cual se resolverá si los acusados van a juicio.
Tras escuchar los descargos de los fiscales Jalil Rachid y Francisco Ayala, y comprobar que hubo un error en la acusación de los procesados por la masacre de Curuguaty, la jueza Ríos ordenó la apertura y exhibición de las pruebas que recolectó la Fiscalía y explicó a los acusados que esas evidencias «no están individualizados como corresponde».
La defensa apeló la decisión de la jueza, argumentando que las pruebas recolectadas por el Ministerio Público no fueron exhibidas en su momento, por lo que el proceso no se puede retrotraer, lo cual fue denegado por la magistrada.
Uno de los abogados defensores, Guillermo Ferreiro, dijo a la agencia EFE que el fiscal «ofreció algunas de las pruebas bien, pero hay otras que no», pero la cuestión es que «quiere meterlas ahora y con eso pretende meter pruebas de forma ilegal».
«Es muy grave porque, si esto se eleva a juicio oral, vamos a ir en estado de indefensión. Es una arbitrariedad más en esta causa», agregó Ferreiro, para quien las palabras «desorden e improvisación» resumen la forma en que se han desarrollado la audiencia preliminar y la investigación previa.
«La defensa dice muchas cosas, nosotros estamos de acuerdo con que se exhiban las evidencias de modo a ofrecer las garantías», manifestó por su parte el fiscal Rachid.
Rachid señaló que no hubo un error en la acusación sino que se trata de una sistematización que se hizo. «Ese supuesto error es lo que queremos que se subsane para brindar garantías», destacó el fiscal, según el diario Ultima Hora.
El inmueble de Marina Cué, cuya propiedad está en disputa entre la familia Riquelme y el Estado paraguayo, fue escenario de un dantesco enfrentamiento hace un año, que terminó con la muerte de seis policías y 11 campesinos.
Durante la jornada de hoy y luego de la tregua de una hora que dio la Fiscalía a los campesinos invasores, el grupo decidió salir pacíficamente del predio, a fin de evitar un nuevo hecho de violencia, según publica hoy ABC.
Los campesinos volvieron al campamento que habían instalado hace poco más de un año, frente al lugar donde se produjo la matanza del 15 de junio del 2012.
Tras la ocupación de esta tarde, el fiscal José Zarza determinó que alrededor de 15 agentes de la policía monten guardia permanente en el lugar, a fin de evitar que el grupo intente una nueva invasión.
En ese sentido, el jefe de Policía de Canindeyú, Atilio Ferreira, dijo a IPParaguay que los campesinos abandonaron las tierras pacíficamente, no obstante amenazaron con volver a ocuparla.
Al término de la audiencia, la jueza Ríos debe determinar si enjuicia a los campesinos acusados desde 2012 por invasión de inmueble ajeno, homicidio doloso y asociación criminal o los reconoce inocentes.
Fuente: Télam