El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, transmitió al Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de «sancionar y aplicar» la futura ley de Agricultura Familiar que será discutida en los próximos días en el Senado y convocó al organismo a una reunión de trabajo para el próximo 5 de enero, que se realizará en el Salón Norte de la Casa Rosada.
«La Presidenta me dijo muy concretamente que hay que sancionar y aplicar la ley y para poder aplicarla y que funcione tiene que tener recursos», afirmó ayer por la tarde Capitanich durante una reunión en la que participaron integrantes de organizaciones campesinas e indígenas y legisladores nacionales, a quienes anticipó que el presupuesto del área -de 1.500 millones de pesos- estará incluido en la reglamentación de la ley y que su aplicación «será inmediata».
La reunión se llevó a cabo en el Salón Auditorio de la sede de la cartera agropecuaria, con la presencia del ministro del área, Carlos Casamiquela; el secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, dirigentes de organizaciones de campesinas e indígenas y legisladores de ambas cámaras, que fueron invitados al encuentro para hablar de la ley de Agricultura Familiar y del presupuesto de la norma.
«Creo que todas las presencias, la de Capitanich y la de los legisladores nos hablan de la decisión de la Presidenta de ir fondo con la aplicación de la ley para los agricultores familiares. Estamos muy contentos», dijo a Télam el ministro Casamiquela, al finalizar la multitudinaria reunión que fue convocada como cierre del Año Internacional de la Agricultura Familiar dispuesto por la FAO.
El proyecto de ley de «Reparación Histórica de la Agricultura Familiar» -que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y prevé originalmente un presupuesto para el sector de 1.500 millones de pesos- será tratada esta semana por el Senado, donde el oficialismo confía en convertirla en ley.
Capitanich dijo que su promulgación «será inmediata al igual que su reglamentación».
Al detallar los pasos que el gobierno dará una vez que el Congreso haya convertido en ley el proyecto, Capitanich recordó que «la promulgación de una ley puede ser por tiempo o en forma explícita, en una decisión administrativa y esto es lo que haremos a fin de garantizar la asignación presupuestaria».
En su exposición, el ministro dijo que el gobierno realizará el «máximo esfuerzo» para resolver los problemas que existen con los títulos de las tierras que reclaman sectores campesinos e indígenas y la necesidad de «regularizar» los dominios sobre todo en los terrenos fiscales.
A su turno, Angel Strappazzón, del Movimiento Nacional Campesino-Indígena Vía Campesina (MNCI-VC) dijo que la sanción de la ley de Agricultura Familiar «impulsará a los gobiernos de Unasur, de África y otros continentes a hacer lo mismo» y destacó que con los recursos que la nueva ley dispondrá para los agricultores éstos «podrán pasar de las zorras (carro de carga) a las motocargas para el transporte de sus producciones».
En tanto, Claudia Giaccone, diputada nacional por Santa Fe, integrante de la comisión de Agricultura de la Cámara baja e impulsora de la ley, aseveró que «sin dudas esta es una ley de la década ganada porque se institucionaliza al sector», tras lo cual sostuvo que «nos espera un año de una gran batalla y la ley es una gran bandera».
Las distintas intervenciones llevaron finalmente a que el Jefe de Gabinete fijara una reunión con el Consejo de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, creada por una resolución del Ministerio de Agricultura en agosto de este año, para el próximo 5 de enero en el Salón Norte de la Casa Rosada.
La última en hablar fue Mercedes Taboada, también del MNCI de Florencio Varela, quien destacó los aspectos positivos de la futura ley en cuanto a la posibilidad de registrar agricultores familiares y avanzar con los conflictos por la tierra.
Fuente: Télam