Se advierte que serán declaradas «hostiles» aquellas naves que tengan entidad suficiente para «perturbar, poner en riesgo o causar un daño» en el territorio nacional.
El presidente Mauricio Macri declaró por decreto la «Emergencia Nacional en Seguridad Pública» por el lapso de un año, medida que contempla la convocatoria a efectivos retirados de las fuerzas y la posibilidad de «hacer uso de la fuerza» contra aeronaves.
La medida, que sería publicada mañana en el Boletín Oficial, apunta a poner límite a la «situación de peligro colectivo» que el Gobierno advierte se generó a partir de la proliferación del delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico.
La resolución, que al término del plazo de un año podría ser prorrogada, contempla el refuerzo de los controles en el espacio aéreo para combatir el narcotráfico, para lo cual se permite «hacer uso de la fuerza (como último recurso)» contra aeronaves no identificadas.
«El decreto establece la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las Fuerzas Armadas, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino», informó Presidencia en un comunicado.
Al respecto, se advierte que serán declaradas «hostiles» aquellas naves que tengan entidad suficiente para «perturbar, poner en riesgo o causar un daño» en el territorio nacional, y se deja a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de «reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos».
El plan de emergencia es el resultado de diálogo formal encarado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con sus pares provinciales en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad Interior, donde los encargados del área de cada distrito plantearon sus preocupaciones en torno al avance del narcotráfico.
Las provincias serían invitadas a adherirse a ese decreto, por el cual se habilitará una reorganización del esquema de seguridad, se permitirá el cruce de bases de datos entre distintas jurisdicciones y con la Justicia, al tiempo que agilizará el proceso de compras en seguridad.
La medida crea además el «Operativo Fronteras», que sustituirá al «Escudo Norte» con carácter permanente: en este marco, se adoptan en forma inmediata medidas para «dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la zona de frontera, que incluye una radarización para el eficiente control fronterizo».
Por otra parte, el decreto autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que «no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias». La resolución el Gobierno habilita también «la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional».
Contempla, además, una propuesta del Ministerio de Seguridad al Poder Judicial para celebrar un convenio con el fin de «interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales», para mejorar la comunicación interna en operativos de seguridad.
Y, además, plantea establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) «los estándares y la normativa de seguridad de las zonas primarias aduaneras», se informó.
El decreto firmado por Macri y la ministra Bullrich también dispone «el levantamiento del Secreto Militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014».
A partir de la ejecución del decreto, se creará además el «Gabinete de Seguridad Humana» cuyo objetivo será el «coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la Emergencia».