En una reunión convocada en el Ministerio de Gobierno hubo un amplio consenso para seguir adelante en la lucha contra este tipo de explotación que se da en todo el país. El proyecto de Ley presentado por el diputado Gustavo Arenas que propone quitar el beneficio fiscal, impositivo, económico y financiero a las empresas que registren trabajo esclavo o infantil continúa progresando.
El encuentro tuvo como objetivo principal definir entre diferentes sectores, tanto públicos como privados, las pautas a seguir y coordinar acciones conjuntas. En este marco el ministro de Gobierno de la Provincia, Félix Gonzalez, se comprometió a trabajar en forma conjunta para erradicar el trabajo infantil y el trabajo esclavo en Mendoza.
Durante la jornada el diputado Gustavo Arenas expuso el proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad el 4 de mayo pasado en la Cámara de Diputados. El mismo establece que los empleadores que registren trabajo esclavo o infantil no podrán acceder a beneficios fiscales, impositivos, económicos, financieros o de cualquier otra índole otorgados o a otorgar por la provincia, Simultáneamente la senadora Maradona expresó el compromiso de que la norma será tratada con preferencia en la Cámara Alta.
Por su parte el autor del proyecto recalcó que la obligación de una empresa que posee o aspire a beneficios que otorga la Provincia de demostrar que no promueve trabajo de ese tipo será un requisito que establezca el Estado precisamente para no alentar esa situación. “Esperamos avanzar en el mismo sentido en el Senado, donde está el proyecto de ley en este momento”, señaló el diputado quien aclaró además que, entre otras medidas, se busca crear un registro de infractores que transparente la realidad para regularizar la situación actual en Mendoza.
Asimismo la directora de Empleo de la Provincia, Dora Balada remarcó que el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados se trata de una norma sumamente importante, teniendo en cuenta nuevas estrategias contempladas para controlar el trabajo infantil y esclavo.
Luego reafirmó que el ministro de Gobierno dio instrucciones para conformar una mesa de evaluación periódica para trabajar en ese aspecto, y afirmó que esta ley es muy pertinente para avanzar en ese sentido.
La directora de Empleo expresó que al trabajo se sumarán más organismos comprometidos con la problemática, como la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), entre otros, así como Valos y Nuestra Mendoza.
De la convocatoria también participaron funcionarios pertenecientes al Ministerio de Trabajo de la Nación, el director regional Cuyo, Miguel Cerutti; el delegado regional en Mendoza, Gerardo Garrote, y el gerente de Empleo y Capacitación Laboral, Diego Pettignano. Además expusieron sus puntos de vista los representantes de Valos Responsabilidad Empresaria y Nuestra Mendoza Somos Todos, entidades civiles que trabajan en la aplicación de las pautas de responsabilidad social empresarial en nuestra provincia.
Adhesiones al proyecto de ley
El proyecto de ley que se encuentra en el Senado recibió adhesiones de parte del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), el Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Asignaciones Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI), el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA), Valos Responsabilidad Empresaria y Nuestra Mendoza Somos Todos.
También apoyaron la medida la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Fundación Familiares Víctimas Indefensas de Mendoza (FAVIM)-Acción Ciudadana, entre otras organizaciones.
Detalles del la futura norma
La norma establece que los empleadores que registren trabajo esclavo o infantil no podrán acceder a beneficios fiscales, impositivos, económicos, financieros o de cualquier otra índole otorgados o a otorgar por la Provincia. Se refiere a empresas que registren infracciones constatadas de carácter muy grave previstas en el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales del Pacto Federal del Trabajo o que presenten situaciones de contratación de mano de obra que violen las normas previsionales, laborales o sobre higiene y seguridad en el trabajo y que puedan implicar delitos relativos a la libertad de los trabajadores tipificados en el Código Penal o en la Ley N º26.364 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
El proyecto de ley señala también en su artículo primero que, para acceder a cualquiera de los beneficios indicados, el empleador deberá acreditar mediante certificación de la autoridad competente que no está incluido en el Registro de Infractores Laborales. E indica que, en el caso de las personas jurídicas, ese requisito debe ser cumplido también por la totalidad de sus directivos.
Simultáneamente, el artículo segundo determina que quien incurra en alguna de las infracciones previstas en el artículo primero perderá automáticamente todo beneficio fiscal, impositivo, económico, financiero o de cualquier otra índole otorgado o dispuesto por la Provincia de Mendoza.
Por su lado, el artículo tercero establece que, para acceder nuevamente al beneficio perdido, el empleador que haya incurrido en las infracciones previstas en el artículo primero deberá cumplimentar fehacientemente una serie de requisitos.
Una de las obligaciones es acreditar ante el organismo pertinente que ha cesado el hecho que motivó la quita del beneficio. Otra es haber cancelado o encontrarse al día en el cumplimiento de un plan de pago o facilidades otorgadas, si existiese resolución condenatoria, según la normativa vigente. El último requisito es que hayan transcurrido dos años desde la constatación del hecho sin que haya incurrido en nuevas infracciones de la misma naturaleza.
Al igual que dicta el artículo primero para el caso de las personas jurídicas, estas obligaciones de los infractores que desean regularizar su situación legal deben ser cumplidas también por la totalidad de sus directivos.