Los poderes legislativos de San Carlos, Tupungato y Tunuyán renovaron cinco bancas cada uno.
Tras un intenso año electoral, ayer asumieron los nuevos concejales del Valle de Uco, cuyos mandatos se extenderán hasta el año 2019. Los actos en general se desarrollaron con normalidad, y se espera la elección de las autoridades de cada Concejo Deliberante.
Tupungato
Con la presencia de militantes, autoridades políticas y sindicalistas, el Concejo Deliberante de Tupungato recibió a los nuevos ediles y despidió a los salientes, quienes expresaron su agradecimiento al pueblo tupungatino y a los miembros del Ejecutivo y Legislativo departamental.
Cinco son los concejales que se sumaron al cuerpo legislativo, tres representantes de la alianza Cambia Mendoza, y dos del Frente para la Victoria: Pablo Leites y Jorge Rodríguez del FPV; y Carmen Álvarez, Gastón Galdame y Nancy Micheletti de CM.
Los concejales entrantes juraron y asumieron sus nuevas funciones en el recinto de sesiones. La asunción culminó con la solicitud de un cuarto intermedio hasta el martes, donde se decidirán las nuevas autoridades.
Tunuyán
En Tunuyán el acto de asunción se realizó a las 20 horas en el Centro de Congreso y Exposiciones Carlos Alonso. Allí estuvieron presentes diversas autoridades, entre ellas el intendente Martín Aveiro y parte de su gabinete, los legisladores provinciales Eduardo Giner y Daniel Ortiz (UCR); y el diputado provincial electo Daniel Rueda (FPV), quien renunció a su banca y a la presidencia del Concejo Deliberante para asumir su nuevo cargo.
En este departamento ingresaron al cuerpo deliberativo tres concejales del Frente para la Victoria y dos por Cambia Mendoza. Ellos son: Milagros Battaglia y Pablo Ortiz de CM; y Fanny Rubio, Nelson Piermarini y Mario Méndez del FPV.
Continúan su mandato los ediles Paula González y Norma Molinar del Justicialismo, y Paulo González y Marcelo Barceló del Radicalismo. Además, Sonia Olivera de Por una Buena Causa.
Tras el acto, desde la UCR se manifestaron molestos con los militantes del FPV ya que –aseguraron- realizaron cánticos y silbidos durante la asunción de los ediles radicales. Desde la organización del acto sin embargo consideraron que se desarrolló con tranquilidad, con la intensidad propia de cada partido en este tipo de eventos.
San Carlos
El acto se realizó sin la presencia del actual intendente del departamento y solo contó con la presencia de algunos referentes provinciales como el actual diputado por San Carlos Omar Sorroche, el secretario general de la CTA Gustavo Correa, el referente del FPV Gustavo Maure, y la secretaria legislativa Sandra Castro. Se desarrolló con absoluta normalidad en la sala de sesiones del cuerpo legislativo ubicada en Eugenio Bustos, y solo se vio alterado cuando prestó juramento el referente del FPV, Juan Torres, con los cánticos de los jóvenes militantes en favor del nuevo edil.
En este departamento, de las cinco bancas que se renovaron dos corresponden al oficialismo departamental –Armando García y Graciela Álvarez-, dos al FPV –Juan Torres y Lorena Martín- y uno a la alianza UCR-PS –Julio Castellano-.
En la nueva composición del Concejo Deliberante se destaca que no aumentó el número de mujeres en el cuerpo. Sin embargo, la presencia de Lorena Martin (FPV) y Graciela Álvarez por el oficialismo departamental mantienen el cupo femenino en el Concejo. Esta última concejal no prestó juramento por no estar presente por razones de salud, por lo que se realizará luego una sesión especial para que asuma.
El cuerpo legislativo departamental se completa con el oficialista departamental Armando García y el referente del frente UCR-PS Julio Castellano, quienes también prestaron juramento en el día de ayer.
Al parecer, la asunción de los nuevos ediles se da en un marco político de profundo entendimiento entre oficialistas y opositores, dado que la semana pasada los dos bloques mayoritarios aprobaron el presupuesto departamental abriendo una etapa de mayor diálogo y consenso. También se remarca que, pese a los esfuerzos de la oposición, el cuerpo legislativo, a diferencia del resto de la provincia -en un claro incumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo-, no recibe un presupuesto propio para su funcionamiento, lo que genera serias dificultades para su normal funcionamiento.