El Gobierno se reunió con los representantes de la conservera, del sindicato y de los trabajadores por 600 empleados suspendidos de las tres plantas ubicadas en Tunuyán, Tupungato y Real del Padre.
El Gobierno de Mendoza, representado por Guillermo Cruz, subsecretario de Industria y Comercio, y Alejandro Jofré, subsecretario de Trabajo, se reunieron ayer por la mañana en Casa de Gobierno con los propietarios de la conservera Alco Canale, Camilo Carballo (padre e hijo) y el gerente Roberto Lahm, Ricardo Bertero, del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación de San Rafael, y delegados de los trabajadores de la empresa.
La reunión, una de las primeras de la denominada Mesa de Diálogo planteada por el Gobierno, se convocó luego de que la empresa suspendió a los 600 trabajadores permanentes que tiene en las tres plantas que posee en Mendoza, Tunuyán, Tupungato y Real del Padre (San Rafael), ya que una de las condiciones para continuar con la ayuda oficial era el mantenimiento de las fuentes de trabajo.
Las suspensiones son una de las tantas irregularidades que incurrió la firma, el foco de las preocupaciones está también en que los trabajadores suspendidos no han recibido pagos quincenales como tampoco aguinaldos atrasados.
“Además de suspenderlos, a los trabajadores se le debe 60% del primer aguinaldo, el retroactivo del aumento salarial de la escala de mayo y de junio que es un 18%, y se le ha pagado solamente el 25% de la primera quincena de agosto, en tanto también se les adeuda la primera semana de setiembre”, explicó Ricardo Daniel Bertero del Sindicato de la Alimentación y Secretario de la Confederación General del Trabajo -CGT, de San Rafael.
Considerada la mayor exportadora de conservas de la provincia, Industrias Alimenticias Mendocinas S.A. (Iamsa), que controla a Alco y Canale, busca reestructurar su deuda para seguir en actividad y la necesidad pasa por contar con un flujo de dinero que asciende a $ 150 millones que le aportaría un posible socio.
Desde la empresa, adujeron que están buscando asociarse con otras empresas, ya que no son sujetos de crédito, para poder acceder a las líneas de financiamiento nacionales que le permitan levantar la suspensión de trabajadores, regularizando la situación salarial y continuar con la producción de las plantas.
Al finalizar la reunión, Bertero comentó: “La empresa necesita financiamiento de forma urgente para reincorporar el personal y poder arrancar la temporada, que si hacen damasco, comienza los primeros días de diciembre”. Y agregó: “A nivel nacional son seis plantas y 3.000 empleados. Si no se soluciona este inconveniente, tienen un futuro incierto”.
Guillermo Cruz señaló: “Nuestra misión como Gobierno es intimar a la empresa para que se mantenga las fuentes de trabajo y colaborar en la medida que podamos para que logre la capitalización que necesita para que las plantas de producción no se vean afectadas”.
Más allá de las gestiones realizadas desde marzo hasta ahora, el funcionario aclaró que “el Gobierno participa como mediador en un conflicto entre privados. Pretendemos darle una solución definitiva a esta empresa, a través de la incorporación de un socio, crédito privado u otra medida más dura, ya que la empresa arrastra problemas desde hace varios años”.
Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza