Es por haberse detectado su posible participación en dos sociedades offshore en Las Bahamas y en Panamá.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió una gran cantidad de medidas para avanzar en la causa sobre el presidente Mauricio Macri a fin de determinar si participó de sociedades offshore, tal la información que develó el caso Panamá Papers.
Ante el fiscal federal que interviene en el caso, la PIA, con la firma de Santiago Eyherabide, propuso gran cantidad de medidas: datos de bienes de Macri y su familia, movimientos migratorios, documentación y que se cite a los voceros presidenciales como testigos.
Muchas de las medidas ya fueron solicitadas por el fiscal natural del caso, Federico Delgado, en tanto que otras fueron ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello.
El delito por el que es cuestionado el Presidente es omisión maliciosa de bienes en las declaraciones juradas, al no haber señalado su presunta participación en las sociedades Fleg Trading LTD y Kagemusha, radicadas en Las Bahamas y Panamá respectivamente.
Pruebas al BCRA
Eyherabide planteó ante el fiscal Delgado que exija al juez que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informe sobre toda transferencia recibida o hecha al exterior a nombre de Mauricio Macri y su familia, Mariano, Gianfranco y Francisco, desde 2012 hasta la actualidad.
También pidió que la Unidad de Información Financiera (UIF), como sus correspondientes en Panamá, Brasil, Uruguay e Italia, informen sobre reportes de operaciones sospechosas que tengan en la mira a Macri y a su entorno familiar, y a las firmas Fleg Trading LTD y Kagemusha.
En ese sentido, reclamó que la UIF –reúne a las unidades antilavado y realiza actividades de inteligencia financiera– consulte al Grupo Egmont sobre reportes de operaciones sospechosas de las empresas Global Collection Service, Fleg Trading LTD, Socma Americana SA, Socma SA, Kagemusha, Owners Do Brasil LTDA.
También a la AFIP
Al organismo nacional de recaudación tributaria AFIP pidió que aporte declaraciones juradas presentadas por Macri y su familia desde 2012, los ingresos declarados, el detalle de bienes en la Argentina y el exterior, operaciones comerciales hechas y detalle de cuentas bancarias.
También que los se pidan a los de los distintos países los expedientes de inscripción de las firmas Kagemusha y Fleg Trading, e incluso, la participación de Interpol para obtener los registros públicos de esas sociedades, en las cuales se presume tuvo participación Macri.
También quiere saber los movimientos migratorios, esto es entrada y salida de la Argentina, de Mauricio Macri, Gianfranco Macri, Mariano Macri y Francisco Macri, en los años 1981 y 1998.
Es que en 1981 se registró en Panamá la sociedad offshore Kagemusha, y en 1998 Fleg Trading en Islas Bahamas.
Por último, reclamó que vía exhorto se pida a la Justicia panameña información sobre el allanamiento realizado en el estudio Mossack & Fonseca, el holding que inscribió todas las sociedades offshore que se ventilaron a partir del trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas.
Además, pidió que Casanello solicite en carácter ad effectum videndi et probandi, esto es para tomar conocimiento, los expedientes civiles de los divorcios de Mauricio Macri con Ivonne Bordeu en 1991, y con Isabel Menditeguy en 2005, en «aras de obtener información relevante para la investigación».
El rol de la prensa
Asimismo, reclamó que el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas y quien participó de los Panamá Papers, entregue toda documentación con la que cuenta sobre Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, y que informe sobre los primeros contactos que tuvo con los voceros presidenciales Iván Pavlosky y Jorge Grecco en marzo de este año.
Y pidió que los referentes del equipo comunicacional del Gobierno sean citados para que expliquen qué directivas recibieron para dar respuesta a la consulta de periodistas previo a la difusión masiva de la investigación conocida como Panamá Papers.
La PIA reclamó realizar tareas investigativas para localizar a Santiago Lussich Torrendell, el contador uruguayo que habrían contratado los Macri para el armado de las sociedades offshore que se investigan a nivel judicial.
Fuente: Diario Uno