El Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (Renatea) es el organismo estatal encargado de fiscalizar el trabajo rural. En los últimos años, uno de los mayores flagelos que detectó fue el empleo de niños en las fincas mendocinas.
El viernes pasado los empleados del Renatea recibieron la noticia de que les ofrecían una indemnización de 6 sueldos más el 20%, aunque oficialmente no se los ha notificado. Por eso, la primera medida fue presentar una nota a la delegación local del Ministerio de Trabajo, que hoy está a cargo de Gustavo Senetiner, pidiendo una comunicación oficial y solicitando la permanencia y estabilidad laboral de esos empleados.
Actualmente, los trabajadores se encuentran en un estado de asamblea permanente, y denuncian que el desmantelamiento del RENATEA, sería parte de un acuerdo entre el gobierno nacional, la Mesa de Enlace, el dirigente Gerónimo “Momo” Venegas y la conducción nacional de UPCN (sindicato que los representa), para “echar y dejar sin un mínimo de protección estatal a trabajadores y trabajadoras del campo”.
Hasta su desarme, el RENATEA ha sido el organismo encargado de garantizar la lucha contra la explotación y la trata laboral en el ámbito agrario, además de prestar el seguro por desempleo, la capacitación y alfabetización de obreras y obreros del agro, cobertura de sepelios, entre otras políticas públicas. Este organismo inspeccionó fincas y predios productivos, lo que permitió que muchos casos de trata con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre fueran detectados, judicializados y penados.
Ya el año pasado, el fiscal Marcelo Colombo, jefe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) denunció que desde diciembre de 2015, cuando asumió Macri, no habían recibido ninguna denuncia proveniente del Renatea. Al asumir el Gobierno de Macri en diciembre de 2015, fueron reemplazadas las autoridades del Renatea, y las denuncias por explotación laboral practicamente n o existian, según denunció meses atrás la Protex.
La Protex, dependiente del Ministerio Público y Fiscal, se creó en 2013 para asistir a las fiscalías en las causas sobre secuestro extorsivo, trata de personas y explotación laboral y comenzó a recibir denuncias de estos delitos en el agro gracias al Renatea, organismo autárquico estatal dedicado a registrar a los trabajadores rurales, otorgar seguros por desempleo y sepelio, y garantizar prestaciones médico-asistenciales.
La nota enviada por los empleados
