La Dirección de Minería detectó que estas empresas hacían extracciones de áridos en zonas no autorizadas. Evaden $200 millones.
Cuatro canteras dedicadas a la extracción de áridos fueron denunciadas penalmente por la Dirección de Minería de Mendoza, tras haberse comprobado varias irregularidades en su funcionamiento, entre las que se cuenta la realización de trabajos sin la correspondiente autorización sobre el lecho del río o cercanos a rutas y puentes donde el socavón debilita esas construcciones hasta el punto de romperlas.
Pero, además de la afectación ambiental, estiman que las cuatro canteras tomaban unos 10 millones de metros cúbicos de áridos al año, lo que equivale a la falta de pago de Ingresos Brutos por unos $200 millones por año.
Las empresas, originarias de Maipú, Luján de Cuyo y Tunuyán, fueron advertidas repetidamente por las autoridades mendocinas, según lo dispuesto por la ley Nº8.434, que regula la extracción de este tipo de minerales; mientras que la denuncia fue radicada según lo que dispone el artículo 239 del Código Penal, que castiga justamente la desobediencia de lo dispuesto por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
Más control
Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía, explicó que las denuncias están en el marco de la decisión política de controlar todas las explotaciones mineras en general.
Además, recordó el proyecto en marcha para que la ley 8.434 sea modificada a fin de darle mayor agilidad al seguimiento de las actividades mineras, en este caso, relacionadas con la extracción de minerales de tercera categoría, los de naturaleza pétrea o terrosa (ripio, arena, material de arrastre, yesos)
«Lo que hemos hecho no es más que controlar según lo que indica la ley. Lo que sucedía es que antes esos controles eran muy permisivos. Estamos trabajando con Vialidad también porque, justamente, ese control es a veces un tanto difícil», indicó el funcionario.
También resaltó que las empresas denunciadas están registradas en la actividad desde hace tiempo, pero que las extracciones las realizaban en lugares no permitidos, «dañando seriamente caminos o puentes, al sacar las piedra de los costados».
En cuanto al perjuicio económico, es un cálculo indirecto porque se compara con el consumo de estos materiales en la construcción, actividad que está en baja por el momento.
Por último, aclaró que tras la denuncia penal, las canteras fueron clausuradas hasta tanto la Justicia determine lo contrario.
¿La continuidad?
La Dirección de Minería, como autoridad de aplicación de la ley, viene trabajando desde 2012 en la clausura de todas aquellas canteras que luego de haber sido inspeccionadas y emplazadas, no se ajustaron a las disposiciones que dicha norma prevé. De hecho, en esa norma se creó la Policía Minera, que en setiembre de 2015 informó que había realizado más de 300 controles y había cerrado 15 canteras.
En esta nueva gestión, se insiste en que aquellos controles fueron muy laxos o de difícil seguimiento. Pero sin duda alguna, todos los esfuerzos que se hacen para controlar tienen como telón de fondo la necesidad de mostrar capacidad para controlar mientras se prepara el debate sobre su desarrollo.
(Fuente: Diario Uno)