En un contexto internacional donde la Argentina es el país latinoamericano con mayor porcentaje de su PBI destinado a la educación, el autor plantea la necesidad de que los municipios del Valle de Uco intervengan de una forma más activa en la educación local, asegurando que todos los niños y jóvenes puedan acceder al sistema y además, pensando alternativas en el Nivel Superior que tengan que ver con el futuro de las actividades económicas regionales. Con mayor atrevimiento, también sugiere intervenciones curriculares, sumando temas propios de la idiosincrasia local que, en general, no aparecen en los programas educativos tradicionales.
Por Juan Jofré
La Educación como actividad social, como responsabilidad de todos y como preocupación general, es siempre un tema de discusión bastante amplio. A veces tan amplio que ha permitido a varios gobiernos evadir sus responsabilidades por algunos de esos vericuetos que se generan en esa amplitud.
La situación actual es bastante alentadora, no tanto por los actuales resultados sino más bien por varias decisiones de hoy que darán sus frutos en un futuro no muy lejano.
Nuestro país es líder en Latinoamérica en inversión educativa (6,47% del PBI), junto con Brasil, Uruguay y Venezuela (cercanos al 6%). Un pasito más atrás lo siguen Ecuador, Paraguay y Bolivia (alrededor del 5%). En todos estos países sus gobernantes han empezado por dónde debían: tratar de disminuir la pobreza y la desigualdad.
El mal ejemplo de la región en materia educativa es sin dudas Chile, donde el Estado gasta en subvencionar a privados que lucran con la educación. Ahí la posibilidad de estudiar es un negocio no un derecho.
La inequidad y la injusta distribución de la riqueza son centrales a la hora de hablar de educación. En Latinoamérica (según datos de Cepal, UNESCO), el 85% de los jóvenes pertenecientes al 20% más rico de la población, termina sus estudios secundarios. Los que no lo hacen se dedican a continuar los trabajos de la empresa familiar.
Por el contrario, en el 20% más pobre de la población termina el secundario el 26% de las mujeres y el 23% de los hombres. Los que no lo hacen ingresan en el circuito de la economía informal (trabajo en negro y mal remunerado) de donde es muy difícil salir.
Hay además una transmisión intergeneracional de este problema. Los hijos de padres universitarios terminan el secundario 9 de cada 10. En cambio, los jóvenes cuyos padres no terminaron la primaria, finalizan la secundaria sólo 3 de cada 10.
A la hora de estudiar son muy importantes los factores económicos y sociales. La educación de los padres, la vivienda y las comodidades que se necesitan, y sobre todo la alimentación, vestimenta y condiciones de descanso y recreación.
La influencia de estas condiciones socioeconómicas en la tarea educativa está muy bien ilustrada en el último informe del Ministerio de Educación de la Nación, por si a algún lector le interesa ampliar o corroborar los datos. En ese mismo informe se analiza la mejora de los resultados en varias áreas del conocimiento, y los preocupantes malos resultados en Lengua. Cuando el Ministro Sileoni presentaba estos datos y los comparaba con años anteriores se podía ver entre otras cosas el importante avance en cuanto al aumento de la matrícula escolar, adjudicada a la aplicación de la Asignación Universal por Hijo, la política social más discutida por algunos y aplaudida por otros.
Estos datos no son solo oficiales, ya que se han tomado en los informes varios estudios de universidades y fundaciones.
Además de lo citado, el Ministro marcó lo que van a ser los desafíos a futuro: garantizar las salas de cuatro y los bancos en las escuelas secundarias, al mismo tiempo que puso mucho énfasis en la mejora del sistema de evaluación de los alumnos, avanzando hacia evaluaciones a docentes e instituciones educativas. Ante estos anuncios se sumaron las asociaciones sindicales a respaldar las evaluaciones, siempre y cuando esa información sea utilizada para tomar decisiones apuntadas a mejorar y no para elaborar ranking de escuelas o perseguir a docentes y directivos, como se hizo en los 90` o épocas de dictadura.
Nuestro país inició un camino claro de políticas educativas desde la sanción de la Ley de Educación Nacional en el año 2006, y con la posterior Ley de Financiamiento Educativo, la recuperación de las escuelas técnicas, la construcción de más de mil escuelas y la dotación de libros y computadoras a través de varios programas. Ahora los tiempos exigen regulaciones y políticas más específicas. El gobierno lo sabe y hacia ahí se dirige.
El panorama no es tan alentador cuando hacemos foco en nuestra provincia, ya que venimos atrasados, incluso en lo legal, al no haber sancionado todavía una Ley de Educación Provincial que se acople a la Ley Nacional. Los plazos ya vencieron a fines del 2010 y todavía estamos en discusiones. Quizás la llegada a la DGE de una mujer con experiencia y vasta trayectoria sirva para avanzar en los consensos necesarios para alcanzar la tan necesitada sanción de la Ley Provincial de Educación.
La designación de María Inés Abrile de Vollmer es ampliamente aceptada por el reconocimiento a su tarea, y la nueva directora salió pronto a marcar el rumbo de lo que va a ser su gestión: administración eficiente, inclusión, exigencia y calidad, revalorización del trabajo docente, entre otras cosas. Habrá que darle tiempo, pero todos sabemos que es una mujer decidida, de claridad en sus posiciones y de basta energía como para encarar la tarea de mejorar un sistema educativo provincial que está bastante venido a menos.
Además, la continuidad de las paritarias docentes como el espacio donde el gremio (SUTE) y la DGE discuten cuestiones relativas a las condiciones de trabajo, auguran un posible principio de clases sin conflicto para el 2012; y para un gobierno entrante esta ya es una buena noticia.
En cuanto a lo regional, ya lo abordamos hace un tiempo (El Cuco 17) asegurando que se necesita de las áreas de educación de los municipios para que articulen acciones en conjunto con los Institutos de Educación Superior. Hasta ahora, es poco el presupuesto y la gente capacitada con la que cuentan esas áreas, viéndose reflejado eso en las escasas acciones de importancia que llevan adelante, ya que prácticamente se limitan a la administración de algunas becas y la ejecución de algunos convenios.
Los municipios del Valle de Uco no tienen a la educación como algo prioritario, ya que al no tener responsabilidades legales y presupuestarias directas, la tarea educativa siempre se ha provincializado.
Pero ahora es necesario que se empiece a discutir qué tipo de oferta educativa de nivel superior necesitamos pensando en el futuro de las actividades económicas de la región. Pero las acciones no se pueden detener ahí; los tres departamentos tenemos niños y jóvenes en zonas muy alejadas de los centros urbanos y el municipio debe velar por el cumplimiento del derecho a la educación en esos lugares.
Quizás también es momento de hacer intervenciones curriculares desde las áreas de educación, preparando materiales o brindando instancias de capacitación para jóvenes, docentes y/o padres en temas que son muy propios de nuestra idiosincrasia; como lo es, por ejemplo, el cuidado del agua.
No puede estar ajena la realidad de aquellos jóvenes que actualmente no trabajan ni estudian; pues ahí hay otro ámbito donde intervenir.
Y por supuesto, se debe discutir lo educativo haciendo foco en lo económico y social. Los municipios del Valle tienen el desafío de combatir la pobreza, de generar más y mejor trabajo, de ordenarnos, de pensar el futuro que queremos. La educación no es una isla y nunca podrá serlo, es siempre la expresión de la realidad económica y social.
Será la hora de que nuestros gobernantes muestren el valor y la capacidad necesarios para afrontar estos desafíos. No podemos tolerar más gobiernos chatos, sin ideas, sin políticas, sin iniciativa, sin proyecto.
La educación es fundamental, pero siempre y cuando se encare por donde corresponde: solucionando los problemas sociales, mejorando las condiciones de vida de la sociedad, distribuyendo riqueza. Caso contrario, asistiremos en el futuro a ver como las regiones del país que hicieron bien las cosas han avanzado en sociedades más justas, solidarias y capacitadas, mientras nosotros seguimos sosteniendo un régimen económico que beneficia a una minoría de elite y genera pésima calidad de vida para gran parte de la población.
En las multitudinarias protestas de estudiantes chilenos, se escucha repetidas veces un canto que hago mío y lo comparto: “un pueblo educado, jamás será explotado”.