La norma, sancionada el 28 de octubre en el Senado, modifica algunos artículos de la ley de educación superior, que data del menemismo, e incorpora otros a partir de un proyecto presentado por la diputada Adriana Puiggrós (FPV). La modificación era exigida históricamente por docentes y estudiantes pero fuertemente rechazada por el Pro.
El gobierno nacional promulgó la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, que establece la gratuidad de los estudios superiores, fijando al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta.
Así lo hizo a través del decreto decreto 2358/2015, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Educación, Alberto Sileoni; junto al texto de la nueva normativa.
Mediante la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley 24.521, la nueva normativa establece la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado respecto de la educación superior, considerándola un “bien público” y un “derecho humano”.
Asimismo, garantiza “la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas”.
Uno de los puntos más destacados en la nueva ley se encuentra en el bis introducido en el artículo 2, que establece que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.
En ese marco, además, se prohíbe “a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”.
Las modificaciones responden así a algunas de las críticas más fuertes contra la LES formuladas por estudiantes, docentes y hasta las propias instituciones educativas, como la Universidad de Buenos Aires, que logró por la vía judicial su no aplicación al entender que avasallaba el principio de la enseñanza pública.
La modificación tuvo su media sanción en Diputados en 2013, cuando el único bloque que se opuso fue el PRO; entre los legisladores de ese momento estaban la actual candidata a vicepresidenta por Cambiemos, Gabriela Michetti, y un firme postulante a ser ministro de Economía en un eventual gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay.
En esa sesión del 5 de junio también votó en contra Eduardo Amadeo, en ese entonces del bloque Frente Peronista y hoy en Cambiemos, que en un discurso que Puiggrós calificó como «una joya del neoliberalismo», se opuso al proyecto porque en la universidad pública «hay una invasión de extranjeros y de gente que viene de la escuela privada».
«Los ricos están llenando la universidad pública, ¿les vamos a seguir regalando la educación?», se preguntó Amadeo, según puede leerse en la versión taquigráfica oficial o en el video colgado en la página de Internet de la Cámara de Diputados.
«Hace 15 días el PRO ya había adelantado que tampoco iba a acompañar el proyecto en el Senado pero ahora que modificaron su discurso tuvieron que votar a favor, aunque Michetti directamente se fue del recinto para no votarlo», apuntó Puiggrós.
En cambio, la sanción fue celebrada por los distintos actores de la comunidad educativa, entre ellos el gremio Ctera que manifestó que se trata de una medida «que frena el avance de las tendencias privatizadoras de la educación» y festejó que «hoy podemos decir ´es ley´ la gratuidad de la Educación Superior».
Fuente: télam