Es a partir de la aprobación del Senado a la reforma a la ley de educación superior del menemismo que así lo garantiza, al igual que con los estudios de grado. La modificación era exigida históricamente por docentes y estudiantes pero rechazada por el pro.
La Cámara alta dispuso en la sesión de ayer la modificación de varios artículos de la Ley 24.521, sancionada en 1995, y uno de los más importantes es el 2°, donde ahora queda explicitado que «el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas».
A su vez, garantiza que sean «las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización» de los Institutos de Formación Superior de sus distritos y casa de altos estudios provinciales si las tuviere.
«La ley menemista creó la posibilidad del cobro a estudiantes disfrazado bajo la figura de aportes, por ejemplo, lo que a abrió la puerta a vivir una situación como la chilena», indicó a Télam la autora de la modificatoria, la diputada Adriana Puiggrós (Frente para la Victoria).
«Esta ley ahora garantiza la gratuidad y acompaña la creación de las nuevas universidades que hemos impulsado en los últimos años, incluyendo la Universidad Pedagógica que también es un proyecto de mi autoría, y a las que acuden una población de menores recursos», agregó.
Los cambios en la normativa también apuntan a que las casas de altos estudios promuevan la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, reconozcan las diferentes identidades de género y culturas, y generen una integración regional.
Con el mismo espíritu de gratuidad, les prohíbe «suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización».
Las modificaciones responden así a algunas de las críticas más fuertes contra la LES formuladas por estudiantes, docentes y hasta las propias instituciones educativas, como la Universidad de Buenos Aires, que logró por la vía judicial su no aplicación al entender que avasallaba el principio de la enseñanza pública.
La modificación tuvo su media sanción en Diputados en 2013, cuando el único bloque que se opuso fue el PRO; entre los legisladores de ese momento estaban la actual candidata a vicepresidenta por Cambiemos, Gabriela Michetti, y un firme postulante a ser ministro de Economía en un eventual gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay.
En esa sesión del 5 de junio también votó en contra Eduardo Amadeo, en ese entonces del bloque Frente Peronista y hoy en Cambiemos, que en un discurso que Puiggrós calificó como «una joya del neoliberalismo», se opuso al proyecto porque en la universidad pública «hay una invasión de extranjeros y de gente que viene de la escuela privada».
«Los ricos están llenando la universidad pública, ¿les vamos a seguir regalando la educación?», se preguntó Amadeo, según puede leerse en la versión taquigráfica oficial o en el video colgado en la página de Internet de la Cámara de Diputados.
«Hace 15 días el PRO ya había adelantado que tampoco iba a acompañar el proyecto en el Senado pero ahora que modificaron su discurso tuvieron que votar a favor, aunque Michetti directamente se fue del recinto para no votarlo», apuntó Puiggrós.
En cambio, la sanción fue celebrada por los distintos actores de la comunidad educativa, entre ellos el gremio Ctera que manifestó que se trata de una medida «que frena el avance de las tendencias privatizadoras de la educación» y festejó que «hoy podemos decir ´es ley´ la gratuidad de la Educación Superior».
Fuente: télam