Hay unas 150 mujeres y trans que se dedican a la actividad, según dicen, “por elección”. Quieren que se blanquee la actividad para evitar el proxenetismo y combatir la trata. Solicitan también que se deroguen los artículos 54, 55 y 56 del Código de Contravenciones.
Trabajadoras sexuales de la provincia insistieron en la necesidad de contar con una ley que regule formalmente su actividad y destacaron que sería un aporte clave para terminar con el proxenetismo e -incluso- combatir la trata. Además, pidieron que se deroguen tres artículos contravencionales que datan de la última dictadura militar y que impiden que puedan ejercer su labor libremente.
Los constantes abusos de autoridad que sufren -y por los que apuntan a personal policial-, sumados a la persecución por el simple hecho de dedicarse a la prostitución también formaron parte del reclamo, que se reiteró durante la mañana de ayer en un encuentro en el que se ponderó el reconocimiento del trabajo sexual y fue organizado por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar).
“Estamos pidiendo la regulación del trabajo sexual. Creemos que al estar en blanco y contar con un registro, se va a poder diferenciar con mayor claridad quienes nos dedicamos a esto por elección y quienes son forzadas a hacerlo. En un allanamiento, cualquiera sea, las trabajadoras sexuales que lo hacen por elección van a poder mostrar su monotributo, por ejemplo. Si no, queda todo en la clandestinidad y se termina cortando el hilo por lo más fino”, indicó la secretaria general de Ammar, Georgina Orellano.
En la zona céntrica de Mendoza, la filial local del sindicato tiene censadas unas 150 trabajadoras sexuales, aunque es justamente esta clandestinidad la que lleva a que otras tantas estén afuera de las estadísticas.
“Antes de que se aprobara la ordenanza municipal que obligó a cerrar los locales en los que se desempeñaban trabajadoras sexuales, había 200, 250. Pero muchas se terminaron yendo al Sur o a Chile. Se terminó generando toda una caza de brujas en las que no se puede trabajar en una casa y, si lo hacés en la calle, te llevan detenida”, contó a su turno la secretaria general de Ammar Mendoza, Fátima Olivares.
El proyecto por el que reclaman las trabajadoras mendocinas está en la Legislatura desde hace más de un año, aunque sigue en LAC aguardando que se dé el visto bueno a su tratamiento en el recinto.
“El proyecto está abierto para que lo podamos ampliar. Con esta ley acabaríamos con el proxenetismo y ayudaría a combatir la trata de personas, ya que las trabajadoras estarían blanqueadas y podrían tener jubilación, obra social y otros beneficios. Muchas veces se habla desde la posición moralista y ética, y yo no me voy a meter en ello porque no es de mi incumbencia. Pero sí es claro que se necesita una ley que las proteja”, destacó la legisladora Lorena Saponara (FPV), autora de la iniciativa.
Vulnerables
Darle un marco laboral a las trabajadoras sexuales, crear un registro, que puedan inscribirse como monotributistas y acceder a becas para garantizar la terminalidad educativa son sólo algunas de las iniciativas que contempla el proyecto de ley que solicitan las delegadas de Ammar.
“Queremos ser monotributistas de nuestra actividad y no teniendo que anotarnos en otros rubros como masajistas o peluqueras, que es lo que ocurre ahora”, destacó Orellano.
En tanto, ella como Olivares volvieron a pedir que se deroguen los artículos 54, 55 y 56 del Código de Contravenciones de Mendoza, que es el que persigue y estigmatiza a las trabajadoras.
“Son tres artículos de la época de la dictadura que penalizan con prisión de entre 10 y 30 días -o tareas comunitarias-, además de multas. Y si la mujer es VIH positivo, en lugar de dar contención, se agrava la pena. Además de la ley, estamos pidiendo que -hasta tanto se apruebe- se deroguen esos artículos”, indicó Orellano, quien sostuvo que en todo el país son 19 las provincias que tienen este tipo de artículos que sancionan a la prostitución, aunque en algunas ya se han derogado.
Sobre los distintos programas e iniciativas que se han adoptado para luchar contra la trata de personas, las voceras destacaron que se han hecho muchas cosas productivas, aunque se suele cometer el error de “meter todo en la misma bolsa”. Y resaltaron la importancia de generar canales de diálogos con quienes las llevan adelante.
“Hay mucha confusión en lo que se refiere a trabajo sexual y trata. Habemos mujeres que decidimos ser trabajadoras sexuales. Pero muchas veces piensan que están salvando a una víctima de trata y lo que terminan por hacer es precarizar nuestro trabajo”, agregaron.
“Prohibir (en alusión a la ordenanza de Ciudad de Mendoza que prohíbe saunas y cabarets) nos terminó perjudicando mucho. Porque todo se clandestinizó mucho más de lo que ya estaba. Entonces hoy, más allá de las 100 chicas que hemos contabilizado en la zona del centro y las 50 trans en las rutas, de seguro hay muchas más con las que ni siquiera estamos en contacto”, se explayó por su parte Olivares.
La relación con las fuerzas de seguridad también es otra preocupación de las voceras. Es por ello que confían en la ley para “sacarse de encima” a la Policía. “Los artículos de las contravenciones que estamos pidiendo que se deroguen otorgan un poder de arbitrariedad a la policía. Entonces llevan a las chicas a la comisaría por portación de rostro o les quitan el dinero impunemente”, sostuvieron.
Ante tanta desprotección, a varias mujeres no les queda otra que pagar por “protección” y es aquí donde aparece la figura del proxeneta. “Creemos que con la ley va a desaparecer el proxenetismo, ya que se acabará la clandestinidad. Muchas políticas anti trata terminaron favoreciéndolo”, coincidieron.
Además de Mendoza, se han presentados proyectos de ley similares en Neuquén, San Juan, Santiago del Estero y Capital Federal. No obstante, ninguno de estos ha sido aprobado.
Con presencia en siete provincias de todo el territorio nacional, Ammar nuclea a más de 6.000 trabajadoras sexuales.
Fuente: diario Los Andes