El Ex D2 ubicado en el Palacio Policial inició su reconocimiento como sitio de la memoria en el informe de la CONADEP de 1984, en el cual se describe una nómina de sitios de detención clandestina en todo el país.
A partir de allí los organismos de derechos humanos comienzan a indagar sobre el pasado y ex presos políticos a denunciar situaciones que vivieron ahí. En ese momento no se podía avanzar en obtener autorización para ingresar a los calabozos, pero comienzan a reconstruir historias.
Hasta que comienzan los juicios por la memoria, la verdad y la justicia. Estos fueron de carácter público, donde las víctimas contaban lo que habían vivido en esos centros clandestinos. Desde entonces se elaboraron numerosos informes, muchos de ellos periodísticos, narrando la historia.
En ese proceso los organismos de derechos humanos promovieron la apertura del ex D2, como un espacio para la memoria, pero no existía ninguna legislación.
Fue durante el primer recorrido al D2 que los Organismos, acompañados de los funcionarios de la CONADEP, descubrieron que una de las celdas se encontraba llena de libros. Entre los que se cayeron al abrir la puerta de hierro, estaba un ejemplar de “Las venas abiertas de América Latina”, con las anotaciones y subrayados que Silvia Ontivero le había hecho.
Tiempo más tarde, en el 2003, el Gobierno Nacional, liderado por Néstor Kirchner promovió la necesidad de recuperar el predio que ocupara la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), como política de Estado, en el marco de la lucha de los organismos de derechos humanos de la Argentina por la memoria, la verdad y la justicia.
El 24 de marzo de 2004, al cumplirse el 28° aniversario del golpe, el Gobierno Nacional anunció la creación del Espacio Memoria y DDHH (ex ESMA). Luego de efectivizada la desocupación por parte de las Fuerzas Armadas, el 20 de noviembre de 2007 la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron el convenio de creación del Ente Público Interjurisdiccional Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos que tiene a su cargo la administración del predio.
En Mendoza, durante la gestión de Francisco Pérez, la idea de abrir el ex D2 como sitio para la memoria comenzó a tener sus avances. Hasta que el 24 de marzo de 2013, en el marco del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, se lo señalizó como uno de los sitios de detención y represión más emblemáticos durante la última dictadura cívico militar.
Este fue el centro clandestino más importante por su rol central en la estructura represiva y lugar donde estuvieron la mayor parte de los detenidos-desaparecidos de Mendoza. La iniciativa de señalizar estos espacios, data del mes julio de 2011, cuando se aprobó la Ley Nacional 26.691 que declaró como Sitios de Memoria a todos los lugares que funcionaron como centros de tortura y exterminio. El objetivo principal fue la preservación de estos lugares en todo el país y la transmisión de la memoria histórica de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado. De manera tal que a lo largo del país unos 40 sitios fueron ya identificados.
Durante el acto de señalización, Ángela Urondo, en su discurso destacó que siguiendo el espíritu de la resignificación que se le dio a la ex ESMA, era necesario que este sitio se convirtiera en un espacio para la memoria. Fue a partir de allí que el Gobierno provincial comienza a trabajar para que esto suceda, hasta que el 24 de marzo de 2014, el gobernador Francisco Pérez anunció que a través del decreto 499, el ex centro clandestino de detenciones de la dictadura conocido como ex D2 sería refuncionalizado como un sitio para la memoria, y que las áreas de gestión en derechos humanos se trasladarían a esas oficinas.
Hoy, el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ex D2) se propone como un ámbito de homenaje a las víctimas y de condena a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Se plantea, además, como un ámbito de referencia nacional e internacional de políticas públicas de memoria, de promoción de valores democráticos y de defensa de los derechos humanos. Será un lugar de intercambio cultural y de debate social sobre el terrorismo de Estado y la experiencia genocida; un espacio de reflexión sobre el pasado reciente.
Fuente: prensa gobierno de Mendoza