El Consejo Nacional de las Mujeres es el organismo rector de las políticas públicas en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Estas políticas se encaminan a contribuir con la superación de las diversas formas de discriminación hacia las mujeres y promover las condiciones sociales adecuadas que les garantizan el ejercicio pleno de sus derechos. Trabajamos por una transformación social destinada a hacer efectiva la equidad de género, condición imprescindible para el fortalecimiento de nuestra democracia.
El avance hacia esta transformación social está orientado por la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, ley de Orden Público y de aplicación en todo el territorio de la República (con excepción de las disposiciones de carácter procesal del Capíulo II del título III de la misma) Este marco normativo define que su implementación debe articularse en conjunto con toda la sociedad argentina y propiciarse desde los distintos sectores gubernamentales responsables de las políticas públicas. Por eso el Consejo Nacional de las Mujeres define su actuación en el marco de la integralidad, transversalidad/interinstitucionalidad, intersectorialidad y federalismo con un fuerte enfoque territorial.
Líneas Estratégicas
El Consejo Nacional de las Mujeres desarrolla su labor articulando acciones con todas las áreas del Poder Ejecutivo Nacional, todos los poderes del Estado y todos los sectores de la sociedad a través del desarrollo de políticas públicas enmarcadas en las siguientes líneas estratégicas: integralidad, interinstitucionalidad, intersectorialidad y federalismo con enfoque territorial.
* Integralidad: desde el 2009 el abordaje de la problemática de la violencia contra las mujeres supera y desborda la concepción de violencia doméstica e intrafamiliar. El Consejo Nacional de las Mujeres trabaja bajo un nuevo paradigma que considera la matriz sociocultural discriminatoria como un marco estructural a transformar; avanzando desde la raíz del problema hasta la definición los distintos tipos de modalidades de violencia dentro de los distintos ámbitos en los que se desarrolla la vida de las mujeres.
* Transversalidad e interinstitucionalidad: El nuevo paradigma de abordaje de la violencia descripto por la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, designa al Consejo Nacional de las Mujeres como el organismo encargado de articular y orientar con perspectiva de género y derechos humanos todas las políticas públicas de los distintos Ministerios, especialmente aquellos con competencia directa en la materia: Salud, Trabajo, Educación, Desarrollo Social, Justicia, Defensa e Interior, y las Secretarías Nacionales de Comunicación y de la Función pública. Este principio también alcanza a la tarea de fortalecimiento de vínculos y trabajo en conjunto con el Poder Judicial y el Poder Legislativo (nacionales y provinciales).
* Intersectorialidad: nuestro gobierno considera que la implementación efectiva de toda ley y toda política pública requiere de la coordinación, la implicación directa y el compromiso de todos los sectores de la sociedad civil: organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, sindicatos, ámbitos académicos, organizaciones sociales y medios de comunicación. Este Consejo Nacional prioriza la articulación de redes de colaboración en las comunidades y trabaja para sensibilizar, promover la participación, fortalecer, capacitar y extender unos protocolos consensuados de actuación que sirvan para avanzar en labor social que realizan estas instituciones.
* Federalismo: Este Consejo desarrolla una sólida estrategia de abordaje territorial con el objetivo de conseguir una mayor y mejor articulación y fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de las mujeres desde los distintos niveles y poderes del estado. Especialmente en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las áreas mujer jurisdiccionales (provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires), para garantizar una atención homogénea desde las administraciones más cercanas a las mujeres en cada rincón del país.
Los Derechos Humanos de las Mujeres: Política de Estado de la República Argentina
A partir de los esfuerzos iniciados en el 2003, los derechos humanos han sido definidos como el sello distintivo de las políticas públicas del gobierno nacional; reasumiendo el rol del Estado protector, reparador y constructor proactivo de la inclusión social y la igualdad de oportunidades.
Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en el año 2003, comenzó en nuestro país un proceso de recuperación del rol de la política como herramienta transformadora en poder de un pueblo que construye su propia realidad.
La asunción de la Presidencia de la Nación por parte de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, primera presidenta electa mujer de la República, que renovó su mandato hace cuatro años, viene a profundizar las políticas públicas de Derechos Humanos, en consonancia con la continuidad y desarrollo del modelo de transformación de la Argentina.
Este modelo de restitución de derechos nos permite hablar de un desendeudamiento no sólo económico, sino también político, social y soberano; nos permite hablar de grandes reivindicaciones postergadas que tienen como objetivo la generación de nuevos sujetos de derechos. Es en este contexto histórico, político y social que podemos afirmar sin lugar a dudas que los avances en la defensa de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país han sido enormes.
En este marco, la voluntad política del gobierno nacional de erradicar la violencia contra las mujeres se convierte en una prioridad en la agenda de estado. En el 2009, nuestra presidenta asumió los desafíos y responsabilidades de atender y luchar por la eliminación de todos los tipos de violencias contra las mujeres, al promulgar la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. La sanción y promulgación de esta ley respondió a una decisión política que resumió el arduo trabajo de miles de organizaciones sociales y movimientos de mujeres.
En estos últimos años, la implementación de las políticas públicas con perspectiva de género expresa claramente la voluntad del conjunto de organismos que conforman el Estado Nacional para cumplir con esta legislación y para prevenir y erradicar el conjunto de conductas que atentan contra las vidas, libertades y seguridades de las mujeres.
Implementación de políticas públicas
La acción de este Consejo Nacional de las Mujeres se centra en la articulación e integralidad de las políticas y programas de todo el Estado poniendo su mirada en el desarrollo humano, apuntando a la recomposición y fortalecimiento del tejido social.
Desde el enfoque integral de las políticas públicas y desde un marco de derecho humanos, nuestro accionar se estructura en tres núcleos que incluyen líneas de acción específicas promoviendo la articulación entre ministerios y secretarias del poder ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones sociales con competencia en la materia, a saber:
I) Fortalecimiento Institucional
II) Condiciones Basicas para una vida Digna
III) Promoción de derechos y prevención de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.
Hoy tenemos la oportunidad de trabajar sobre temas por muchos años invisibilizados, como lo fue la violencia hacia las mujeres, y creemos indudablemente que el tiempo de la batalla cultural necesaria para su erradicación se puede acortar si se siguen impulsando políticas públicas concretas y si la sociedad toda se siente convocada a asumir el compromiso de colaborar para que tanto las leyes como las políticas impulsadas sean de efectivo cumplimiento. Solo así podemos erradicar desde su raíz la violencia y la discriminación hacia las mujeres y avanzar en el desarrollo pleno de una democracia con derechos humanos para todos y todas.