El gobernador Francisco Pérez impuso un plazo de 15 días a los funcionarios responsables de poner en práctica la ley de tenencia responsable de perros peligrosos, para presentar una reglamentación posible, en el marco de lo que dice el articulado de la norma. Para ello, habrá reuniones entre el Ministerio de Gobierno, que tiene la relación con las comunas; la cartera de Salud, que debe prevenir las patologías derivadas de una mordedura, y el Ministerio de Ambiente, que cuenta con veterinarios del Zoológico provincial para aportar el conocimiento específico sobre el trato animal.
Esa propuesta, a los ojos de la Secretaría Legal y Técnica, deberá cumplir con dos ejes básicos: no avanzar sobre la autonomía municipal y tampoco desligar a las comunas de la responsabilidad directa de aplicar en territorio el control sobre los perros.
De hecho, el titular de ese organismo, Gustavo Tobares, explicó que la ley, tal cual está, no requiere una reglamentación del Ejecutivo porque implica claramente que son los intendentes los encargados de darle forma para hacerla efectiva.
Sin embargo, el gobernador Pérez, ofuscado por la ausencia de definiciones sobre el tema, pidió explicaciones a primera hora del día de ayer en Salud, entendiendo que ese ministerio tendría la principal responsabilidad y solicitó que esa cartera coordine las acciones necesarias para elaborar la reglamentación.
A media mañana se hizo más evidente que el control de los perros peligrosos y la tenencia responsable de las mascotas, más que leyes o decretos, requieren de un trabajo político con los intendentes para hallar una solución de largo plazo, además de dotar a las municipalidades de elementos concretos para responsabilizar a los dueños de lo que haga el animal cuando sale a la calle.
Legislación débil
Algunos de los convocados, como el director del Zoológico, Gustavo Pronotto, explicó que la ley 7.633 tiene un talón de Aquiles: el destino de un perro mordedor. En su opinión, un animal que tiene episodios de ataques a personas no debería volver con sus dueños ni convivir en su ambiente barrial.
Entonces, el problema es qué hacer con el animal. Esta es una de las preguntas que deberá responder precisamente dicha reglamentación de forma práctica y realista. Un refugio tampoco parece ser una salida adecuada ya que el animal no puede permanecer por mucho tiempo encerrado sin que se afecte su bienestar. La castración para bajar la agresividad del perro tiene resultados muy relativos según el animal, contó el especialista.
Otro punto débil de la norma es que apunta al control sobre los perros con el registro municipal y la contratación de un seguro para algunas razas, pero no define las responsabilidades civiles de los dueños (por eso podría mandarse una modificación a la Legislatura). Tampoco el rango de multas que deberán abonar cuando el animal produce un ataque, independientemente de los resultados de ese daño.
Entre los temas de análisis está la posibilidad de fijar multas importantes, de igual forma que sucede cuando se obtiene un auto: se exige un registro, un seguro contra terceros y penas económicas por cometer infracciones.
(FUENTE: DIARIO UNO)