La obligación de relevar e incluir en el plan estratégico de obras de agua y saneamiento para los próximos cinco años a las zonas periurbanas y rurales de toda Mendoza, actualmente declaradas en emergencia operacional, fue una de las novedades que incorporó Diputados en la aprobación de la toma de un préstamo de 160 millones de dólares para financiar a la empresa Aguas Mendocinas-Agua y Saneamiento Mendoza SA (AYSAM).
Esa determinación apunta a poner en igualdad de condiciones a toda la población de Mendoza en cuanto al acceso a ese servicio esencial. Para eso, a partir de la promulgación de la futura ley, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días para presentar en la Legislatura un plan estratégico destinado a reparar las deficiencias y el abandono al que han sido sometidas durante la gestión privada las numerosas zonas que ahora presentan graves problemas de servicio.
El trabajo que deberá encarar el gobierno incluirá un detallado relevamiento y un minucioso estudio tanto de las comunidades afectadas por la falta de atención como de la calidad del agua que consumen. Además, contemplará un programa de obras necesarias y la especificación de los componentes de la tarifa social que abonarán por recibir el servicio en condiciones normales.
“Esta decisión, que viene a subsanar una falencia que sufren los habitantes de las zonas del interior provincial y que viola un derecho humano fundamental, forma parte de un contexto sociocultural que debe comenzar a aplicarse en la actualidad: el usuario de los servicios básicos debe dejar de ser catalogado como ‘cliente’ para ser considerado como ‘ciudadano”, recalcó al respecto el diputado Gustavo Arenas, impulsor de la medida que busca poner en igualdad de condiciones a toda la población de Mendoza en cuanto al acceso al servicio de agua potable. El legislador agregó que esta perspectiva “se aplica para incluir a las comunidades marginadas por décadas en la operación del servicio, se pretende hacer llegar eficazmente el agua a todos los sectores, sin ningún tipo de discriminación”.
Seguidamente, el diputado señaló que “esos sectores son atendidos actualmente por pequeñas entidades locales que no han sido apoyadas debidamente y, en cambio, fueron declaradas en ‘emergencia operacional’. Esto llevó a que esos prestadores quedaran inmersos en un estado de precariedad que retrasa aún más la llegada de mejoras en su infraestructura básica”.
Arenas consideró que el problema tiene un carácter multidimensional, que abarca tanto lo económico y lo técnico como lo político, lo ético y lo social, y que para alcanzar una solución satisfactoria y permanente se necesitaría crear un área gubernamental abocada específicamente a aplicar esas medidas.