Después de que el gobernador Francisco Pérez planteara la necesidad de actualizar la normativa que rige la administración del recurso hídrico en la provincia, representantes del Departamento General de Irrigación del Valle de Uco manifestaron su adhesión a la propuesta.
La Ley de Aguas de Mendoza fue sancionada en el año 1884 y la iniciativa de Pérez busca, según se informó a través de la página del área de Prensa del gobierno de la provincia, “actualizar la norma en consonancia con el establecimiento de una sólida política hídrica y sostener los principios de la normativa, garantizando la transparencia de gestión y la eficiencia en la distribución del agua en el presente, proyectando el futuro sostenible”.
El proyecto sería elevado a la Legislatura dentro de 6 meses y responde a un diagnóstico que devela un mapa productivo cada vez más extenso y diverso. Los avances tecnológicos y la escasez de agua además, serían dos factores que habrían incidido en el desarrollo de una iniciativa que pretende establecer parámetros que se adapten a un nuevo contexto, en el que la población presenta diferentes necesidades.
El subdelegado de Aguas del río Tunuyán Superior, Marcelo Alonso, señaló que para esta propuesta fueron consultados diversos actores sociales, académicos y políticos; pero consideró que resta continuar trabajando con algunos sectores para afinar la propuesta, antes de que sea presentada en el recinto legislativo.
Por su parte, el responsable del área de Gestión Hídrica, Carlos Brizuela, consideró preciso modificar una normativa sancionada en 1984 y modificarla en base a las actuales necesidades poblacionales y los nuevos aspectos técnicos y legales. “La ley en vigencia no contempla conceptos importantes como el de aguas subterráneas, los derechos precarios y tampoco el mal uso del recurso”, alegó Brizuela y consideró que si bien el agua es concebida como un recurso inherente a la tierra y esta concepción debe sostenerse, la reforma debe poner en discusión los casos de aquellos propietarios que no pagan el agua pero que tampoco la utilizan y producen así una deuda que impide la disposición de esa parte del recurso.
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