El gobierno nacional aseguró que «la Justicia actuará con toda firmeza» contra quienes llevan adelante incitaciones a saqueos en redes sociales. Sobre las medidas de fuerza de efectivos, Alak aseguró que «hay vías institucionales para el reclamo, y entre ellas no está quitar el servicio a ciudadanos».
El ministro de Justicia Julio Alak aseguró que «la justicia actuará con toda firmeza» contra quienes llevan adelante incitaciones a saqueos en redes sociales, y llamó a los efectivos que realizan protestas a que «depongan la actitud», dado que “las medidas de fuerza adoptadas están fuera de la ley”.
En una conferencia de prensa realizada en la sede de la cartera que dirige, Alak acompañado del Secretario de Justicia, Julián Alvarez, anunció la apertura de una investigación penal contra quienes promueven o incitan saqueos en las redes sociales.
Al mismo tiempo, el ministro calificó a las protestas policiales como actividades fuera de la ley, ya que según sostuvo “la seguridad es un servicio esencial y ningún ciudadano argentino puede estar privado de este derecho”.
Al inicio de la conferencia de prensa, el Secretario de Justicia aseguró que “desde hace días en las redes sociales se vienen haciendo una serie de convocatorias a realizar saqueos por parte de sectores de distinto signo político”.
El Gobierno irá a la Justicia por los incitadores a saqueos y pidió a los policías «deponer la actitud».
Acto seguido, Alvarez expuso un conjunto de imágenes en las que exhibió las convocatorias, las cuales indicó “se encuentran relacionadas entre ellas a partir de distintos actores que están convocando a estos actos en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país”.
Vinculado a la creación de un “clima de desestabilización”, Alvarez calificó como “preocupantes” las declaraciones radiales formuladas por el exjefe de la policía provincial y actual concejal del Frente Renovador, Salvador Baratta, quien justificó las medidas policiales y deslizó amenazas si no se resuelve el conflicto.
También mostró sorpresa por el hecho de que a días de cumplirse 30 años de democracia, “los sectores políticos que se caracterizan por jactarse de la democracia y de la seguridad como eje de campaña electoral, hoy en su mayoría hacen un silencio total”.
Posteriormente, el Ministro Justicia y Derechos Humanos se refirió tanto a las protestas policiales, como a los saqueos de comercios sucedidos los últimos días.
Alak afirmó que «hemos podido comprobar que los saqueos no han sido espontáneos, sino que fueron organizados. Estos hechos sucedieron de manera simultánea con una medida de fuerza que está fuera de la ley, dado el carácter esencial de la seguridad pública».
«Quien ingresa en una institución policial sabe que no puede recurrir a una medida de fuerza», subrayó Alak, para quien también surgen «claros indicios» del accionar de una organización «delictiva» a partir de la «elección de la época del año».
En lo relativo a las medidas de fuerza impulsadas por efectivos de seguridad provincial, aseguró que «nadie está diciendo que no se van analizar necesidas o demandas, pero el ámbito y el modo no pueden ser la privación de la seguridad a nuestra población, por lo que vamos a efectuar las denuncias penales correspondientes».
Con respecto a los asaltos a comercios, el ministro destacó que «no obedecen a necesidades alimentarias y suceden en momentos en los que Argentina tiene una tasa de desocupación más baja de su historia, por lo tanto no obedece a necesidades sociales».
Alak resaltó que los delitos cometidos durante los últimos días «atentan no sólo contra la seguridad, sino también contra la Constitución Nacional».
Entre los delitos mencionó «la alteración del orden público, los robos agravados, extorsiones y amenazas, la intimidación pública y la incitación a la violencia colectiva».
Posteriomente, Alak confirmó que se aunarán esfuerzos en distintos estamentos y distritos a fin de acelerar las investigaciones sobre los hechos delictivos.
De esta manera, anunció que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ordenó a los fiscales federales avanzar en las investigaciones para la imputación, procesamiento y detención de quienes hayan estado involucrados en esas acciones.
También aseguró que la Procuradora General de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, dictó una resolución para que los 720 fiscales dispongan el seguimiento de las actividades vinculadas a los saqueos y al incumplimiento de la prestación de la seguridad pública.
Finalmente, el Ministro comunicó que han convocado a todos los procuradores y fiscales generales de las provincias argentinas para que junto a la Procuración General y a la cartera de Seguridad nacional puedan coordinar y otorgarle precisión a los procesos de investigación de quienes no están cumpliendo con la ley y a los que protagonizan saqueos y actos delictivos.
Fuente: Télam